Trump despliega 800 Guardia Nacional en Washington ante supuesta emergencia de seguridad

Primera llegada de la Guardia Nacional y colaboración con autoridades locales

Un grupo de aproximadamente 800 miembros de la Guardia Nacional, enviados por la administración de Donald Trump, comenzó a llegar a Washington. La presencia de las fuerzas federales se produce en un contexto de tensas negociaciones con las autoridades locales para reducir la delincuencia en la capital. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó que trabajará junto con los funcionarios federales, aunque reiteró que la policía local mantiene el control de la fuerza policial.

El despliegue ocurrió justo después de que Trump anunciara la activación de la Guardia y la toma del control de la Policía del Distrito. El mandatario justificó estas acciones por una supuesta emergencia delictiva, aunque las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en la criminalidad en la ciudad. La medida, que por ley puede durar hasta 30 días, fue calificada por el presidente como una respuesta necesaria para devolver el orden.

Reacciones oficiales y detalles del despliegue

La fiscal general, Pam Bondi, comunicó que las reuniones con las autoridades federales fueron productivas. La ley vigente permite que Trump asuma el control de la policía del Distrito por un mes, aunque fuentes de la Casa Blanca sugirieron que la situación podría extenderse tras una reevaluación. La prolongación requeriría aprobación del Congreso, lo cual enfrenta resistencia principalmente de los demócratas.

Hasta la fecha, unos 850 agentes federales han sido desplegados y se han reportado al menos 23 arrestos, principalmente por delitos relacionados con armas, drogas, conducción en estado de ebriedad, evasión en el metro y homicidio. Además, las fuerzas policiales han desalojado 70 campamentos de personas en situación de calle, quienes deben decidir si buscan refugio, tratamiento o enfrentan sanciones legales.

Contexto político y opiniones contrapuestas

Desde Washington, la corresponsal Kimberly Halkett reportó que Trump acusa a los demócratas de ser «débil en temas de seguridad». El mandatario ha señalado ciudades controladas por los partidos progresistas, como Oakland, Nueva York, Baltimore y Chicago, como ejemplos de lo que considera una crisis delictiva. En respuesta, los demócratas calificaron la medida como un «intento de toma de poder», y algunos expertos la consideran una «usurpación de autoridad sin precedentes en la historia moderna de EE. UU.»

Mientras tanto, la alcaldesa Bowser y el Departamento de Policía sostienen que la delincuencia en Washington ha alcanzado niveles mínimos en 30 años, tras un aumento en 2023. Por ejemplo, los casos de robo de autos disminuyeron un 50% en 2024 y han seguido bajando en 2025. Sin embargo, la mayoría de los arrestados son menores, lo que genera debate sobre las políticas de castigo y prevención.

Historial de tensiones y la relación entre Trump y Washington

Durante el primer mandato de Trump, Bowser mantuvo una postura crítica, rechazando inicialmente su propuesta de una parada militar y enfrentándose públicamente a la presencia de fuerzas federales en protestas contra la brutalidad policial en 2020. También promovió acciones simbólicas como pintar «Black Lives Matter» en las calles cercanas a la Casa Blanca.

Con la llegada de su segundo mandato y la mayor influencia del Partido Republicano en el Congreso, la relación entre ambos líderes se ha complicado. Bowser ha intentado equilibrar su papel de autoridad local con las decisiones federales, pero ahora enfrenta un escenario donde Trump ha llevado a cabo una acción que muchos consideran un abuso de poder. La situación ha generado sorpresa incluso entre sus críticos, quienes ven en esta medida un claro ejercicio de poder más allá de los límites normales.

Expertos y líderes locales opinan que esta estrategia busca consolidar el control y mostrar fuerza, en lugar de mejorar la seguridad pública. La alcaldesa y otros críticos advierten que la medida no responde a una verdadera crisis, sino que responde a intereses políticos y a un ejercicio de poder que puede afectar la autonomía del gobierno local.