Corte de EE.UU. permite a Trump continuar recortes en ayuda internacional pese a oposición congresional

Tribunal de apelaciones de EE. UU. aprueba recortes en ayuda extranjera

Una sala de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que el expresidente Donald Trump puede continuar con sus esfuerzos para reducir los fondos de ayuda extranjera, a pesar de que estos recursos hayan sido aprobados por el Congreso. La decisión, tomada el miércoles por una mayoría de dos a uno, revocó una orden judicial previa que obligaba al Departamento de Estado a reanudar esos pagos, que incluyen aproximadamente 4 mil millones de dólares para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 6 mil millones destinados a programas contra el VIH y el AIDS.

El fallo mayoritario no abordó si Trump tenía o no autoridad para eliminar fondos aprobados por el legislativo, sino que se basó en que los demandantes no cumplían los requisitos legales para solicitar una orden judicial en su favor. La jueza Karen Henderson, quien redactó la opinión mayoritaria, explicó que las organizaciones afectadas, como la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y la Red de Desarrollo Periodístico, no tenían suficiente causa legal para presentar esa demanda. Henderson, quien fue designada por el expresidente George H. W. Bush, agregó que los beneficiarios no cumplían con los requisitos para obtener una orden de restricción preliminar.

¿Una decisión polémica con implicaciones políticas?

Por otro lado, la jueza Florence Pan, nominada por el presidente Joe Biden, expresó una opinión disidente, argumentando que Trump no debería poder violar la separación de poderes al reducir la ayuda. Pan afirmó que permitir estas acciones del Ejecutivo socava la estructura de control y equilibrio establecida por la Constitución, que busca evitar la concentración excesiva de poder en un solo poder del Estado.

Este fallo favorece a la administración de Trump, que ha enfrentado múltiples desafíos legales en su intento por modificar significativamente la estructura federal. Desde que asumió el cargo, Trump anunció una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior y ha emprendido acciones para recortar fondos y funciones de agencias como USAID, creada por ley congresional.

Recortes y reestructuraciones en marcha

En marzo, el gobierno de Trump anunció su intención de fusionar USAID con el Departamento de Estado, lo que implicaba una reestructuración profunda de la agencia. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que canceló el 83% de los contratos de USAID, justificando estos cambios en la necesidad de reducir «desperdicios» y «bloat» en la administración pública, alineando las operaciones con su agenda de «Estados Unidos primero».

Críticos sostienen que estas acciones constituyen una sobrepasación del poder ejecutivo, ya que las agencias y fondos de ayuda son autorizados y financiados por el Congreso, que tiene la facultad de decidir sobre su asignación. Sin embargo, los republicanos, que controlan ambas cámaras legislativas, aprobaron en julio la Ley de Rescisión de 2025, que permite retirar cerca de 9 mil millones de dólares en ayuda extranjera y fondos para medios públicos.

Mientras tanto, jueces como Amir Ali han ordenado a la administración pagar los fondos pendientes a organizaciones humanitarias y contratistas vinculados a la distribución de ayuda. En febrero, la administración estimó que aún debía alrededor de 2 mil millones de dólares. Sin embargo, la decisión de la corte de apelaciones ha retrasado estos procesos y complica la restauración de la ayuda.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró la resolución, afirmando que el Departamento de Justicia continuará defendiendo las prerrogativas presidenciales frente a lo que calificó como un exceso judicial. La disputa refleja el enfrentamiento entre la política de recortes y la legalidad, en un contexto donde las decisiones judiciales juegan un papel clave en el control del poder ejecutivo.

Fuente: Al Jazeera y agencias de noticias