Martín Vizcarra responde con contundencia al enterarse de su prisión preventiva

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, ordenó la prisión preventiva por un período de cinco meses contra el expresidente Martín Vizcarra. La decisión se fundamenta en la falta de arraigo laboral y familiar del exmandatario, además del riesgo de fuga, en medio de una investigación por presunto cobro de 2.3 millones de soles en sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

La resolución fue leída en audiencia, donde el magistrado destacó que, aunque Vizcarra recorría diversas regiones y regresaba a Lima, dicha conducta no constituía un indicador suficiente de arraigo en el contexto de las graves acusaciones de corrupción en su contra. En cuanto a su vínculo familiar, se precisó que su esposa e hijo menor residen en Moquegua, mientras que él vive en la capital, lo que, desde la perspectiva judicial, cuestiona la solidez de cualquier vínculo que pudiera motivarlo a permanecer en el país.

Asimismo, se evidenció que los documentos presentados para justificar asesorías laborales con su partido, Perú Primero, carecían de detalles específicos y nombres, lo que resta credibilidad a dichas actividades. Además, la empresa familiar de Vizcarra, gestionada por su esposa e hijas, aparece como socia fundadora, lo que pone en duda la veracidad del contrato laboral presentado.

Durante la audiencia, Vizcarra mostró signos de tensión, permaneciendo con las manos entrelazadas y sin expresiones faciales notorias. Tras la lectura, su defensa anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión. Posteriormente, fue escoltado por agentes policiales sin realizar declaraciones a la prensa.

Este período de prisión preventiva cubre el tiempo estimado para que se concluya el proceso judicial, que podría culminar en una sentencia. Aunque aún no hay una resolución definitiva, se especula que su ingreso será en el penal Barbadillo, en Ate, un centro penitenciario utilizado en los últimos años para la reclusión de expresidentes debido a sus condiciones de seguridad y estructura diseñada para custodiar a exmandatarios en proceso judicial.