¿Existen anomalías en la prisión preventiva de Martín Vizcarra? Analizan posibles irregularidades en el caso del expresidente

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien ya fue ingresado en el penal de Barbadillo. La decisión ha generado controversia, especialmente entre la defensa del exmandatario, conformada por Erwin Siccha y Alejandro Salas, quienes no solo criticaron la resolución, sino que también sugirieron que el fallo parecía estar premeditado, ya que aseguraron que el magistrado tendría un vínculo marital con la fiscal Luz Taquire, vinculada al caso de Lavado de Activos.

¿Son estas acusaciones justificadas? ¿Se trata de una estrategia para deslegitimar la decisión judicial? ¿Es un conflicto ético que el juez esté casado con una fiscal de la misma fiscalía? Para responder estas dudas, expertos legales consultados por Infobae Perú señalan que las críticas deben sustentarse en pruebas concretas y no en suposiciones.

El abogado penalista Rolando Bazán afirmó que la resolución presenta varias deficiencias en relación con los criterios de proporcionalidad y excepcionalidad que exige la legislación peruana. Según su análisis, no queda suficientemente claro por qué no se pudieron aplicar medidas menos restrictivas, como la comparecencia con restricciones o el impedimento de salida del país, frente al riesgo que se le atribuye a Vizcarra. Además, aclaró que la Ley 32130 permite imponer estas medidas por períodos específicos y siempre que exista una motivación sólida.

En cuanto al arraigo familiar y laboral, Bazán explicó que su valoración no debe limitarse a la ubicación física de la familia, sino a la existencia de vínculos tangibles, como convivencias, responsabilidades económicas, visitas regulares y contacto frecuente. Para casos de independientes, citó como ejemplos la existencia de un RUC activo, recibos bancarios, pagos tributarios, cartas de clientes u órdenes de servicio, que pueden acreditar un arraigo suficiente y reducir el riesgo de fuga.

Respecto a las denuncias por parte de la defensa de Vizcarra sobre la existencia de una resolución redactada con antelación, Bazán subrayó que toda alegación de parcialidad o violación al debido proceso debe estar respaldada por pruebas verificables. La simple relación marital entre un juez y una fiscal no es suficiente para apartar a un magistrado, salvo en casos en los que exista un interés directo o una intervención en el proceso.

Por otro lado, Vizcarra ha difundido en redes sociales un video en el que afirma haber conocido con anticipación su prisión preventiva, señalando que podría tratarse de una estrategia comunicacional. Sin embargo, expertos advierten que este tipo de declaraciones no constituyen evidencia suficiente para abrir una investigación formal por filtraciones, a menos que existan indicios claros como mensajes, correos o registros digitales que respalden la afirmación.

Por último, en relación con la demora en la emisión de la resolución, Bazán explicó que mientras la resolución escrita sea formalmente notificada, los plazos para presentar apelaciones permanecen vigentes. En caso de apelación, el proceso se agiliza: el juzgado debe remitir el expediente en 24 horas y la Sala Penal programar una audiencia en un plazo máximo de 72 horas, tras la cual decidirá si confirma, modifica o anula la medida.

Este caso continúa siendo uno de los más relevantes en el escenario político y judicial peruano, en medio de una fuerte polarización y debates sobre la independencia judicial y los derechos de los involucrados.