Zelensky enfrenta polémica tras fallo táctico en Ucrania

El apoyo internacional y la confianza interna son fundamentales para la resistencia de Ucrania en la guerra contra Rusia. Sin embargo, recientes movimientos políticos en Kiev amenazan con poner en peligro estos pilares esenciales. El 22 de julio, la Rada, el parlamento ucraniano, aprobó una polémica ley que otorga control sobre los principales organismos anticorrupción del país —la NABU, encargada de investigar irregularidades, y la SAPO, responsable de procesarlas— directamente a la presidencia. Esta decisión no fue fruto de una iniciativa aislada; fue impulsada desde las altas esferas por el propio presidente Volodimir Zelensky y su jefe de gabinete, Andriy Yermak, y contó con el respaldo de la mayoría del partido oficialista, Siervo del Pueblo.

La aprobación de esta ley ha generado alarma tanto en el ámbito internacional como en el interior del país. Se trata de un retroceso que puede socavar la lucha contra la corrupción y la independencia de instituciones clave, las cuales fueron diseñadas tras la Revolución de la Dignidad de 2014 para fortalecer la democracia en Ucrania. La medida otorga un poder casi absoluto al fiscal general, nombrado por el presidente y reportando directamente a su oficina, permitiendo reasignar, modificar o cancelar investigaciones anticorrupción sin obstáculos. La justificación oficial, que señala infiltraciones prorrusas en las agencias, es vista por muchos analistas como una excusa vacía. En realidad, la ley representa una regresión en la consolidación de un Estado democrático, debilitando la autonomía institucional, uno de los logros más destacados del país en los últimos años.

Este cambio en la legislación llega en un momento crucial. La economía y la política de Ucrania dependen en buena medida de la ayuda internacional, que ha sido un pilar para sostener el esfuerzo bélico y la reconstrucción. La percepción de que el país se acerca a modelos autoritarios o corruptos puede minar la confianza de los aliados occidentales y poner en riesgo la asistencia que ha sido vital. La paciencia de las naciones que apoyan a Ucrania está agotándose, especialmente ante la falta de avances claros en la guerra y la escalada de conflictos internos.

Diversos expertos advierten que, aunque la derrota militar en el campo de batalla sería una catástrofe, la derrota interna por corrupción y autocracia puede ser igualmente dañina. Rusia, por su parte, busca aprovechar estos errores para desgastar a Ucrania desde adentro, como lo hizo en Georgia, un país que alguna vez fue un aliado de Occidente pero que ahora se mantiene como un estado controlado por Kremlin.

Occidente también comparte cierta responsabilidad en esta situación, ya que muchos líderes han elevado a Zelensky a una figura heroica sin cuestionar las fallas en su gestión. La aprobación rápida de la ley se produjo en medio de incidentes que implican el acoso a activistas anticorrupción y el uso cuestionable de sanciones contra opositores políticos, incluido un expresidente ucraniano. La comunidad internacional no ha reaccionado con la contundencia necesaria ante estos hechos.

El presidente Zelensky firmó la ley en cuestión el mismo día que fue aprobada, marcando un paso que muchos consideran un grave error estratégico. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, la legislación las debilita, emparejándose con los modelos autocráticos que Ucrania ha estado combatiendo. Esto no solo pone en entredicho la coherencia moral de la ayuda occidental, sino que también pone en riesgo el futuro europeo y democrático que Ucrania aspira a construir.

Para preservar esa visión, Zelensky debe reconsiderar rápidamente la ley y devolver a Ucrania a un camino de fortalecimiento institucional y respeto por la independencia, antes de que estos errores pongan en jaque su proyecto de convertirse en un referente de estabilidad y democracia en Europa.