Ministro de Justicia rechaza amnistía para militares y policías investigados por muertes en protestas de 2022-2023: “Situaciones totalmente diferentes”

Controversia sobre posible amnistía para militares y policías involucrados en protestas

El debate en Perú acerca de una posible amnistía para militares y policías investigados por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 ha generado fuertes desacuerdos tanto en el Gobierno como en el Congreso. La discusión surge en medio de la posible elaboración de un proyecto de ley que buscaría otorgar impunidad a estos agentes de seguridad, lo que ha provocado rechazo en diversos sectores políticos y sociales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, expresó públicamente su desacuerdo con esta iniciativa. En una entrevista reciente, afirmó que “no podría estar de acuerdo porque las circunstancias son completamente diferentes” en relación a otros casos de amnistía en el país.

Situación actual de las investigaciones y postura del gobierno

Alcántara aclaró que los hechos recientes aún están bajo investigación y que no hay responsabilidades definidas por parte de las autoridades. “Estamos hablando de casos en curso, no podemos hablar de amnistía mientras no se establezcan las responsabilidades correspondientes”, afirmó en la emisora RPP. Además, mencionó que corresponde al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades penales en estos hechos.

El funcionario también resaltó que la ley recientemente sancionada se refiere a una “persecución con un plazo irrazonable” contra agentes de seguridad implicados en el conflicto armado interno del país. En contraste, los sucesos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte aún están en etapa de investigación y no cumplen con las condiciones para que proceda una amnistía similar.

Postura del Congreso y análisis de propuestas legislativas

Desde el Congreso, la discusión ha sido alimentada por el vicepresidente Fernando Rospigliosi, quien señaló que se están realizando consultas para evaluar la viabilidad de impulsar un proyecto de ley que beneficie a los agentes de seguridad implicados en estos hechos. Rospigliosi calificó el proceso como un “injusto y fuera de lugar”, y afirmó que más de 350 militares y policías estarían siendo perseguidos por acciones relacionadas con los eventos del 7 de diciembre, en los que se intentó reponer a Pedro Castillo en el poder.

El legislador también criticó que la Fiscalía haya creado un equipo especial de más de 74 profesionales para perseguir a estos agentes, en lo que calificó como un intento de encubrir una posible represión. Sobre las declaraciones del ministro Alcántara, Rospigliosi afirmó que “el ministro no puede pronunciarse sobre hechos que aún no han ocurrido”, y que todavía se analizan los fundamentos y alcances de una posible ley.

Reacciones y controversias internacionales

La aprobación de la ley ha generado rechazo en la sociedad civil y en organismos internacionales de derechos humanos. La organización Amnistía Internacional advirtió que la ley podría dejar en la impunidad a al menos 156 casos de violaciones de derechos humanos, lo que generó preocupación internacional. La comunidad internacional insiste en la necesidad de garantizar justicia y reparación para las víctimas, en lugar de promover medidas que puedan favorecer la impunidad.

En medio de estas tensiones, el debate continúa en un escenario político marcado por la polarización y la búsqueda de soluciones que equilibren justicia y seguridad. La definición de si se avanzará o no hacia una amnistía definitiva aún está en discusión, pero lo que es claro es que el tema seguirá siendo central en la agenda política peruana en los próximos meses.