Tribunal Constitucional admite demanda contra decreto que amplía garantía de Petroperú y blindaje a Dina Boluarte

El Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de un decreto que amplía la garantía estatal a Petroperú

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia (DU) N° 013-2024. Dicha norma amplía la garantía del Estado peruano para un crédito de US$ 1.000 millones otorgado a Petroperú.

Firmado el 13 de septiembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y los ministros Gustavo Adrianzén, José Arista y Rómulo Mucho, el decreto extendió el plazo de garantía de 12 meses a cuatro años, permitiendo que la estatal petrolera pueda acceder y pagar el crédito hasta diciembre de 2028. La medida busca facilitar la financiación necesaria para la compañía en un contexto de crisis.

Proceso judicial y argumentos de la demanda

La admisión de esta demanda representa un paso crucial en el proceso judicial. Ahora, el TC tiene un plazo de 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda y se presente ante el tribunal. Posteriormente, se fijará una audiencia pública donde ambas partes expondrán sus argumentos. Según el tribunal, la vista de la causa será programada en los próximos meses.

El Colegio de Abogados de Arequipa argumenta que el Decreto N° 013-2024 viola principios constitucionales, ya que no cumple con los requisitos de excepcionalidad e imprevisibilidad necesarios para la emisión de decretos de urgencia. Walter Gutiérrez, abogado del caso, sostiene que la crisis financiera de Petroperú es estructural y reconocida desde hace años, por lo que no puede considerarse ni imprevista ni extraordinaria.

Críticas y preocupaciones sobre el uso de decretos de urgencia

Expertos en derecho constitucional han señalado que la repetida emisión de decretos de urgencia —al menos cuatro desde 2020— para rescatar a Petroperú, ha desvirtuado el mecanismo diseñado para situaciones verdaderamente emergentes. Esto, además, ha llevado a que recursos públicos destinados a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad sean desviados para cubrir estas medidas especiales, en contravención con el artículo 44 de la Constitución.

El recurso presentado busca evitar que se establezca un “régimen permanente de subsidio estatal vía decreto” para Petroperú. Según el Colegio de Abogados, autorizar decretos en problemas estructurales equivale a validar una urgencia autoimpuesta por el gobierno, contraviniendo las soluciones legislativas a largo plazo y las políticas públicas de fondo.

Impacto en la estabilidad financiera del Estado

Petroperú enfrenta pérdidas operativas y una deuda que supera los S/ 8.000 millones, lo que incrementa la preocupación sobre la estabilidad financiera del Estado peruano. La situación de la empresa, junto con la utilización recurrente de decretos de urgencia, pone en duda la sostenibilidad fiscal y la gestión de recursos públicos en un contexto de crisis económica y energética.

El fallo del Tribunal Constitucional será clave para definir si estas medidas se ajustan a la Constitución y si el Estado puede continuar garantizando créditos en condiciones similares en el futuro. La decisión también podría sentar un precedente en el uso de decretos de urgencia para casos de crisis estructurales, modificando la práctica administrativa en Perú.