Abogado de Vizcarra denuncia intento del INPE de trasladarlo a penal común y reafirma su condición de exmandatario

Decisión del INPE podría cambiar la situación penitenciaria de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un posible cambio en su lugar de reclusión en Perú. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó que no cumple con los requisitos para permanecer en el Penal de Barbadillo. En su lugar, sería trasladado a otro centro penitenciario, posiblemente el Penal de Lurigancho, uno de los más grandes y concurridos del país.

Esta decisión ha generado controversia, especialmente por parte del abogado del exmandatario, Alejandro Salas. Además de ser su defensor, Salas es militante del partido Perú Primero. En declaraciones recientes, expresó su rechazo a la posible reubicación, calificándola como una medida injusta y discriminatoria. Según él, Vizcarra, por haber sido presidente, tiene una condición especial que debe respetarse.

## Reacción del abogado y argumentos legales

Salas argumentó que “el expresidente no puede ser enviado a un penal común como el de Lurigancho por una clasificación arbitraria”. Afirmó que Vizcarra, por su condición de exmandatario, merece un tratamiento diferenciado que no puede ser eliminado por decisiones administrativas. Además, explicó que la clasificación penitenciaria se basa en puntajes y que en el caso del exmandatario, estos datos indican que debería permanecer en Barbadillo.

Por su parte, Iván Paredes, jefe del INPE que asumió en julio de 2025, señaló que la condición de expresidente no es suficiente para determinar automáticamente en qué penal debe estar Vizcarra. En declaraciones a la prensa, afirmó que “la clasificación se basa en criterios técnicos y no en cargos políticos o antecedentes”.

El funcionario también explicó que la Junta de Clasificación no consideró aún la resolución de la Presidencia, que sería la directiva principal en estos casos. Paredes enfatizó que, para fundamentar una reubicación, deben documentarse claramente los motivos en el acta oficial del proceso.

## Reacciones oficiales y marco legal

Un comunicado del INPE emitido en la noche del 20 de agosto aseguró que la institución “rechaza tajantemente cualquier injerencia o influencia externa” en la decisión, en referencia a señalamientos que apuntaban a una posible participación de la presidenta Dina Boluarte en el proceso. La institución afirmó que sus decisiones se basan en criterios técnicos y normativos.

En Perú, la ley establece que los expresidentes constitucionalmente elegidos por voto popular, como Barbadillo, tienen un tratamiento especial en el sistema penitenciario. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, que asumió tras la vacancia presidencial, esta condición no sería aplicable, generando un vacío legal que complica su situación.

Expertos en derecho penitenciario señalan que esta situación evidencia la necesidad de una revisión de las normativas para garantizar un trato equitativo y claro para todos los procesados y condenados, independientemente de su cargo político.