Martín Vizcarra denuncia que su traslado al penal de Ancón II responde a una decisión política y no técnica

El ex presidente Martín Vizcarra habla antes de su traslado a Ancón II

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, rompió su silencio horas antes de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al penal de Ancón II. En una entrevista con RPP, el exmandatario cuestionó el proceso judicial en su contra y acusó que su encarcelamiento responde a una decisión política.

Vizcarra afirmó que tanto la prisión preventiva como su traslado no tienen fundamentos legales ni técnicos sólidos. Según su versión, estas medidas responden a una intención promovida desde el Ejecutivo. “Estoy aquí por una decisión política, no por criterios técnicos”, afirmó en la entrevista.

Cuestionamientos a la decisión del INPE y presiones políticas

El ex presidente sostuvo que las juntas calificadoras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coincidieron en que lo más adecuado sería mantenerlo en el penal de Barbadillo. No obstante, Vizcarra señaló que los propios profesionales del organismo le advirtieron que cualquier cambio de establecimiento no obedecía a criterios técnicos, sino a órdenes superiores.

“Las juntas recomendaron que permaneciera en Barbadillo. Eso fue claro. Pero si la decisión fue otra, fue por motivos políticos. El INPE depende del Ministerio de Justicia y este, a su vez, de la presidenta Dina Boluarte”, afirmó Vizcarra.

Presiones y evaluaciones rápidas

El ex mandatario relató que la presidenta de la segunda junta calificadora, en tono irónico, le expresó que le deseaba “una buena estadía en Barbadillo”, argumentando que esa había sido la decisión técnica. Sin embargo, Vizcarra interpretó que esa declaración indicaba que la resolución final respondía a presiones externas.

Asimismo, criticó la rapidez con la que se conformó una segunda junta evaluadora. Según explicó, la primera reunión ocurrió el 14 de agosto, un día después de su ingreso en Barbadillo, y en ella se decidió que debía permanecer en ese penal. Pero una semana después, el 20 de agosto, se instaló un nuevo grupo de profesionales para reevaluar su situación, lo que, a su juicio, fue una señal de irregularidad.

“Desde ese momento, sentí que algo no cuadraba. No era normal que en tan poco tiempo calificaran y decidieran sobre mi situación”, señaló. Vizcarra insistió en que ambas juntas actuaron con criterios técnicos, pero que las decisiones posteriores estaban motivadas por razones políticas.

Cuestionamiento a la prisión preventiva

El exmandatario también criticó la orden de prisión preventiva emitida el 13 de agosto, argumentando que carece de sustento legal. El juez justificó la medida alegando que Vizcarra no tenía arraigo familiar, argumento que el ex presidente calificó de absurdo.

“Dicen que vivo solo y que no tengo vínculos, pero tengo esposa, hija y nietos. Es un argumento sin respaldo legal, que vulnera mis derechos humanos y el debido proceso”, expresó.

Vizcarra manifestó sentirse “indignado” por lo que llamó una serie de abusos y arbitrariedades. Aunque afirmó acatar las decisiones de la justicia, criticó la forma en que se han llevado a cabo sus procesos, señalando que no tienen sentido.

Respuesta del INPE y postura del ex presidente

Tras sus declaraciones, el INPE emitió un comunicado en el que afirmó que la presidenta Dina Boluarte no tuvo injerencia alguna en la decisión de trasladar a Vizcarra.

El organismo subrayó que ninguna instancia, pública ni privada, intervino en el proceso y que las decisiones se ajustan a la normativa penitenciaria vigente. Sin embargo, Vizcarra mantuvo su postura, asegurando que las decisiones del INPE fueron influenciadas por motivos políticos y presiones externas.

Hasta el momento, el ex mandatario continúa en el penal de Barbadillo, aunque su traslado a Ancón II está programado en los próximos días. La situación genera controversia y continúa siendo objeto de debate en el ámbito político y judicial del país.