Alertan sobre 92 buques petroleros en puertos venezolanos en julio 2025: maniobras ilegales y riesgo de desvío de fondos públicos

¿Qué revela el aumento de buques petroleros en Venezuela?

En julio de 2025, se registraron la llegada de 92 buques petroleros a los puertos venezolanos, una cifra que despierta preocupación entre las autoridades y organizaciones civiles. Un aspecto alarmante es que una parte significativa de estas embarcaciones operó de manera clandestina, apagando sus sistemas de rastreo y ocultando su identidad durante el tránsito. La organización Transparencia Venezuela advirtió que estas maniobras ilegales podrían estar relacionadas con el desvío de fondos públicos y la falta de transparencia en la venta del crudo nacional.

El informe destaca que, durante ese mes, al menos 24 embarcaciones no revelaron sus identificadores marítimos, lo que dificulta su seguimiento. Además, 12 tanqueros fueron clasificados como ‘furtivos’ por expertos en riesgos navieros, debido a su comportamiento sospechoso. La práctica de apagar o manipular los sistemas de rastreo, conocida internacionalmente como spoofing, se ha vuelto frecuente entre las tripulaciones que operan en las aguas venezolanas, dificultando aún más el control de las autoridades.

## Uso de banderas de conveniencia y presencia de embarcaciones sancionadas

Una estrategia común entre estas embarcaciones es el uso de banderas de conveniencia, que permite operar bajo jurisdicciones con regulaciones marítimas laxas. De los 92 buques identificados, aproximadamente el 80% navega bajo países como Panamá, Islas Comoras, Guinea, Islas Marshall y Liberia. La organización advierte que, al menos 12 de estos buques tienen antecedentes de ocultamiento de su identidad y manipulación de datos, lo que complica aún más su monitoreo internacional.

El panorama se complica aún más con la presencia de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., como el Rosalín, con bandera de San Tomé y Príncipe, y el María Cristina, de Cuba. También se identificó un buque vinculado a la denominada ‘flota oscura’ rusa, el Bandra o Sensus, que navega con doble identidad y matrícula IMO 9296585. La participación de estos actores internacionales aumenta los riesgos de actividades ilegales, incluyendo el desvío de recursos y operaciones clandestinas.

## Destinos, operaciones y riesgos asociados

Respecto a los destinos de la carga, Transparencia Venezuela reveló que muchas operaciones se dirigen hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia. A finales de julio, se documentaron al menos cinco operaciones de trasiego de carga en la bahía de Amuay, en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Durante estas maniobras, 24 embarcaciones no emitieron señales de rastreo, lo que refuerza la hipótesis de una red coordinada para evadir la supervisión internacional.

Estas actividades clandestinas ponen en evidencia el riesgo constante de desvío de recursos públicos. Las operaciones suelen involucrar intermediarios dispuestos a transgredir normas y a ocultar información a las autoridades y a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Entre 2019 y 2023, investigaciones independientes revelaron que la estatal petrolera perdió control sobre sus intermediarios, acumulando cuentas por cobrar que superan los 16.960 millones de dólares. La incertidumbre sobre cuánto de ese dinero fue recuperado o desviado aumenta la preocupación por la integridad del sector.

## Contexto económico y social en Venezuela

El sector petrolero sigue siendo el principal sostén económico de Venezuela, proporcionando la mayor parte de las divisas y recursos fiscales del país. Sin embargo, la gestión estatal ha sido marcada por altos niveles de corrupción y opacidad, especialmente en las últimas dos décadas. La situación se agrava con la depreciación del bolívar, que en lo que va de 2025 perdió más del 57% de su valor frente al dólar, y una inflación que alcanza el 229% hasta mayo, según datos de fuentes independientes.

El entramado de operaciones ilegales, la participación de actores sancionados y la crisis económica generalizada evidencian la profunda vulnerabilidad del sistema petrolero venezolano. La falta de controles efectivos y la persistente opacidad dificultan la recuperación de recursos y perpetúan un escenario de impunidad que afecta directamente a la economía y a la población del país.