Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia ordena revisar la detención de Jeanine Añez y líderes opositores, ¿Posible liberación en riesgo?

El TSJ de Bolivia ordena verificar la legalidad de las detenciones de Añez, Camacho y Pumari

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha emitido una resolución que obliga a las cortes regionales a revisar los plazos de detención preventiva de la ex presidenta Jeanine Áñez, así como de los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La decisión, tomada el viernes pasado, busca asegurar que las detenciones se ajusten a los límites establecidos por la legislación boliviana y los derechos constitucionales.

Mediante un instructivo, el tribunal ordenó a las instituciones judiciales verificar “de manera inmediata” si las privaciones de libertad de estas figuras opositoras cumplen con los requisitos legales y no exceden los plazos legales. La resolución se fundamenta en la Ley del Órgano Judicial, la Constitución Política y tratados internacionales que protegen el derecho al debido proceso y a un juicio justo. La medida puede derivar en la liberación de los detenidos si se demuestra que sus arrestos han superado los límites permitidos.

## Posibilidad de liberación y postura oficial

El TSJ aclaró que esta disposición no implica una injerencia en la autonomía de los jueces, sino que busca garantizar la independencia judicial y los derechos de los procesados. La decisión ha generado expectativas en sectores de la oposición, ya que podría permitir que estos líderes políticos recuperen la libertad si se comprueba que sus detenciones fueron arbitrarias o prolongadas indebidamente.

“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, expresó Jeanine Áñez en sus redes sociales tras conocer la resolución. La expresidenta, quien cumple actualmente una condena de 10 años por el caso “Golpe de Estado II”, ve en esta decisión una oportunidad de justicia y reparación.

Por su parte, el ministro del Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que el gobierno respetará las decisiones judiciales y saludó la instrucción, en un momento en que la independencia judicial ha sido cuestionada públicamente. La administración oficialista también ha señalado que estos procesos judiciales buscan esclarecer hechos ocurridos en un contexto de crisis política y social en 2019.

## Contexto político y antecedentes judiciales

Áñez, Camacho y Pumari fueron figuras centrales en la crisis política que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Camacho y Pumari lideraron protestas en Santa Cruz y Potosí que desembocaron en movilizaciones en todo el país, con demandas de anulación de unas elecciones polémicas. La renuncia de Morales, tras casi un mes de protestas, contó con el respaldo de sectores militares y policiales que consideraron que la situación exigía un cambio de mando.

La proclamación de Áñez como presidenta interina, en medio de cuestionamientos jurídicos, ocurrió el 12 de noviembre de 2019. Desde entonces, ha enfrentado múltiples procesos judiciales, siendo la principal acusada en el caso conocido como “Golpe de Estado II”, por el cual cumple una condena de 10 años. Camacho y Pumari permanecen en prisión preventiva en otros procesos relacionados con la misma crisis política, aunque estos casos están en revisión en instancias superiores.

Estos líderes han sido convertidos en símbolos de la narrativa opositora, que denuncia una persecución política por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los sectores oficialistas, por su parte, argumentan que las acciones judiciales buscan esclarecer hechos del pasado y garantizar justicia ante las acusaciones de irregularidades y violaciones a derechos humanos.

Implicaciones futuras

La resolución del TSJ podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial que enfrentan estas figuras. Si se confirma que las detenciones excedieron los plazos legales, podrían ser liberados, lo cual afectaría la dinámica política en Bolivia, especialmente de cara a las próximas elecciones. La decisión también refuerza el debate sobre la independencia judicial en el país, que ha sido objeto de controversia en los últimos años.

En definitiva, este fallo representa una oportunidad para que la justicia boliviana revise de forma más exhaustiva las acciones tomadas durante la crisis de 2019 y garantice que los derechos de los acusados sean respetados, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.