A un año del crimen en la Montaña de Siete Colores: disputa y justicia pendiente

El 10 de agosto de 2024, la localidad de Chillihuani, en Cusco, fue escenario de un trágico hecho que conmocionó a Perú: el secuestro y asesinato de Flavio Illatinco Yupanqui. La víctima fue atacada en una emboscada organizada por comuneros de su propio pueblo, y su muerte marcó un punto crítico en una disputa que lleva más de una década por el control económico del popular destino turístico conocido como Montaña de Siete Colores, o Vinicunca.

Según una investigación de Bloomberg, el conflicto no solo se reduce a una problemática local, sino que refleja una lucha por los beneficios generados por el creciente flujo de turistas que visitan el sitio desde 2016, impulsado por su viralización en redes sociales. La popularidad del lugar ha atraído a miles de visitantes, pero también ha provocado enfrentamientos por la gestión de las ganancias, la venta de boletos, paseos a caballo y otras actividades turísticas, en un escenario donde la ausencia de regulación estatal ha facilitado la violencia y el caos.

Flavio Illatinco fue una figura clave en la creación de la infraestructura que permitió el acceso a la montaña y en los primeros esfuerzos por formalizar el sistema de recaudación. Sin embargo, sus intentos de articular estos recursos con el Estado generaron tensiones con otros líderes comunales, en particular con Cecilio Quispe, entonces presidente de Chillihuani, quien defendía la autonomía local en la administración del lugar. La disputa por el control económico derivó en un violento enfrentamiento que culminó con el asesinato de Illatinco, quien fue golpeado con piedras y encontrado sin vida al día siguiente. La fiscalía peruana investiga a al menos 29 personas en relación con el crimen, con 13 en prisión preventiva, aunque inicialmente estaban involucradas alrededor de 70.

Testigos consultados por Bloomberg relataron que una turba organizada interceptó a Illatinco cuando se dirigía a una boda y lo atacó hasta matarlo. La viceministra de Turismo hasta marzo pasado, Madeleine Burns, afirmó que «el problema siempre fue el dinero», resaltando cómo la falta de regulación ha propiciado violencia y disputas por los beneficios económicos del turismo en la región. Se estima que la Montaña de Siete Colores genera entre tres y diez millones de dólares anuales, aunque nunca fue formalmente registrada como destino turístico oficial, ni cuenta con un sistema de control de ingreso ni fiscalización de sus ingresos.

La situación ha estado marcada también por amenazas, bloqueos y accidentes fatales en el camino, como un vuelco que cobró la vida de un turista. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en un informe al Congreso, reconoció que el conflicto escaló por la disputa entre las comunidades por el cobro a los visitantes, y la intervención del gobierno llegó demasiado tarde para evitar la violencia.

El asesinato de Illatinco dejó a su familia en la desolación: su esposa falleció poco después y su hijo mayor, Ivcher, asumió la responsabilidad de cuidar a sus tres hermanos menores. Actualmente, la comunidad vive una tensa calma, aunque los problemas estructurales relacionados con la gestión del turismo aún permanecen sin solución. Aunque la afluencia de visitantes continúa, el enfrentamiento por el control del destino y sus beneficios económicos persiste, evidenciando la necesidad de una regulación efectiva y una redistribución justa de las ganancias para evitar futuras tragedias y garantizar la sostenibilidad del lugar.