Declaraciones del abogado y objetivos de la demanda

En una entrevista exclusiva a Infobae Perú, el constitucionalista Joseph Campos explicó que, aunque jurídicamente la nulidad de la vacancia podría implicar el regreso de Boluarte a la Presidencia —una posición que considera correcta— el objetivo principal no es ese. La finalidad es anular la calificación de “incapacidad moral permanente” que la apartó del cargo y demostrar las irregularidades y mala actuación del Poder Legislativo en el proceso.

“Se trata de defender derechos fundamentales. En primer lugar, no existió un derecho a defenderse en los términos que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la vacancia se basó en una causal que nunca fue debidamente debatida”, señaló Campos. Además, destacó que, aunque la anulación de la vacancia sería una resolución correcta, la intención no es desestabilizar el país, sino restablecer la institucionalidad y garantizar que los procedimientos se ajusten a la Constitución y a los derechos fundamentales.

La gravedad de la calificación y su impacto

El abogado afirmó que el término “incapacidad moral permanente” es un estigma que podría perdurar “hasta el fin de los días”, siendo incluso más severo que una condena penal. Por ello, consideró que no se puede imputar tal calificación sin haber permitido a la exmandataria ejercer su derecho a la defensa. “La calificación es absolutamente grave”, sostuvo.

Medidas cautelares y postura frente a la situación

“Nosotros vamos a presentar una medida cautelar para suspender la calificación de vacancia. No queremos participar en un escenario de tensión. Lo que buscamos es que se respete el proceso constitucional y que la justicia constitucional determine que lo ocurrido fue incorrecto”, afirmó Campos.

El abogado criticó la rapidez con la que el Congreso llevó a cabo la defensa de Boluarte, señalando que “no se puede tolerar que le hayan dado solo cincuenta y seis minutos para defenderse”, especialmente en un debate de tanta trascendencia. También denunció un doble estándar al comparar el trato dado a otros expresidentes, como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes tuvieron más tiempo para presentar sus defensas.

“Si se me concede el derecho a defenderme, que sea en igualdad de condiciones. Sin vulnerar el debido proceso ni cometer discriminación, como ocurrió con otros expresidentes”, expresó. Además, calificó la actuación del Legislativo como un “golpe de Estado” por la forma en que se vulneraron garantías constitucionales en el proceso de vacancia.

Reflexiones sobre la legitimidad del proceso

“Lo que vimos fue un golpe de Estado. Los debates sobre la vacancia no deben basarse en si un presidente es popular o impopular, sino en lo que es correcto desde el punto de vista legal y constitucional”, afirmó Campos.

Autonomía del Congreso y condenas internacionales

Consultado sobre la posible vulneración de la autonomía del Congreso, el abogado indicó que “no existe autonomía que justifique la afectación de derechos fundamentales”. Recordó que el Estado peruano ha sido condenado en dos ocasiones por esta situación, en referencia a decisiones previas relacionadas con procesos similares.

“Al final, quedará como una vacancia de hecho, como ocurrió en el cierre del Congreso, y los tribunales dirán que esa acción estuvo mal. Pero, dado que se trata de derechos, reputación, honor y dignidad, se determinará que la vacancia fue inválida porque no se probó la incapacidad moral permanente”, explicó. Concluyó que el objetivo es que, por el derecho al honor, la calificación no quede registrada oficialmente y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.