Abogado de Delia Espinoza: retorno de Santiváñez sería inconstitucional y peligroso

## designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia genera controversia

El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha suscitado varias dudas y cuestionamientos en el ámbito político y jurídico. Su regreso al gabinete, anunciado por la presidenta Dina Boluarte, ha sido objeto de debate debido a las investigaciones en su contra y a las restricciones de salida del país que pesan sobre él. Además, su nombramiento plantea dudas sobre su constitucionalidad, dado su pasado como ministro del Interior, donde fue censurado.

## Cuestionamientos sobre la legalidad y el precedente institucional

El constitucionalista Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, expresó que la designación de Santiváñez “sentará un nefasto precedente” si el Congreso de la República no ejerce su rol de control político en este caso. López explicó que, aunque la normativa vigente no prohíbe expresamente volver a nombrar a un ministro censurado en otra cartera durante el mismo periodo presidencial, una interpretación razonable del artículo 132 de la Constitución sugiere que la censura actúa como un veto parlamentario.

El experto argumentó que, en su opinión, si un ministro censurado debe renunciar, resulta lógico que no pueda ser designado en otra cartera, ya que ello prolongaría la crisis ministerial que llevó a su censura. Por ello, consideró que la reincorporación de Santiváñez sería inconstitucional, y llamó al Congreso a ejercer control político para evitar un posible daño institucional.

## La situación de Santiváñez y antecedentes recientes

El caso de Juan José Santiváñez resulta especialmente relevante por las circunstancias que rodearon su salida del Ministerio del Interior. El 21 de marzo pasado, fue censurado por el pleno del Congreso con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, debido a su supuesta incapacidad para reducir los índices de criminalidad. Sin embargo, ello no le impidió mantenerse en el gobierno, ya que posteriormente fue designado para liderar la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

Este cargo también estuvo rodeado de controversias, pues se reveló que su oficina gastó aproximadamente 900 mil soles en planillas y financió encuentros con alcaldes distritales antes de recibir fondos estatales, además de mantener reuniones con otros ministros antes de sus nombramientos. Estas situaciones generan dudas sobre la idoneidad de su retorno al gabinete y sobre la transparencia en sus funciones.

## Llamado a la acción del Congreso y marco legal pendiente

López hizo un llamado al Poder Legislativo para que ejerza su control político sobre esta nueva designación. En su opinión, si el Congreso no actúa, se establecerá un precedente negativo que podría afectar la estabilidad institucional en el futuro. Además, recordó que desde julio de 2024 el Parlamento tiene pendiente un proyecto de ley que busca modificar el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Este proyecto tiene como objetivo impedir que un ministro censurado sea nombrado nuevamente en el mismo mandato, reforzando así las restricciones legales a estos casos. La aprobación de dicha ley sería un paso importante para evitar que situaciones similares se repitan, garantizando mayor coherencia y respeto a las decisiones del Congreso en materia de control político y nombramientos ministeriales.