Abogado de Patricia Benavides interpone recurso constitucional contra Delia Espinoza

El conflicto interno en la Fiscalía peruana continúa escalando, evidenciando una profunda división en la cúpula del Ministerio Público. Recientemente, se presentó una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en medio de una serie de tensiones que atraviesan al sistema judicial del país.

La denuncia fue interpuesta el pasado sábado en el Congreso por el abogado Juan Peña Flores, integrante del equipo legal que defiende a Patricia Benavides, la fiscal suprema que fue removida y posteriormente reinstalada en su cargo por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La acusación se basa en los artículos 99 y 100 de la Constitución, además del artículo 89 del Reglamento del Congreso, y señala que Espinoza habría incumplido una resolución de la JNJ que ordenaba su inmediata restitución en el cargo.

El documento acusa a la fiscal de cometer infracciones constitucionales y delitos de función por desacatar la resolución 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio pasado, la cual ordenaba la reincorporación de Benavides. Entre las presuntas faltas se encuentran la vulneración de derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso, además del incumplimiento de deberes oficiales. Desde el punto de vista penal, la denuncia también señala posibles delitos de resistencia a la autoridad y omisión en actos funcionales, tipificados en el Código Penal peruano.

El abogado Peña solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tramite esta denuncia y aplique los procedimientos de antejuicio y juicio político. De prosperar, Espinoza podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de hasta diez años. Además, expresó que, en caso de que se inicie una investigación penal, esta debería ser llevada a cabo por una Fiscalía Suprema independiente, para evitar conflictos de interés, ya que la misma fiscal de la Nación no puede ser investigada por fiscales nombrados por ella.

Por otro lado, Peña criticó las acciones penales que Espinoza ha promovido contra otros abogados que apoyan a Benavides, como Humberto Abanto y Jorge del Castillo, a quienes acusa de obstaculizar el proceso mediante nulidades y recursos legales. Se anticipa que estos argumentos serán utilizados en una futura denuncia constitucional promovida por Abanto, quien también defiende los intereses de Benavides y busca cuestionar la actuación de Espinoza durante la restitución.

Mientras tanto, la propia Espinoza convocó a una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para el 12 de agosto, con la finalidad de formalizar la reincorporación de Patricia Benavides, en cumplimiento de la resolución de la JNJ. Sin embargo, la tensión persiste, y la demora en acatar la orden judicial genera acusaciones de desacato y afectación a la institucionalidad.

Este enfrentamiento en la Fiscalía refleja una crisis de autoridad y una confrontación que podría tener repercusiones duraderas en el sistema judicial peruano. El Congreso tiene en sus manos la decisión de avanzar o no con la denuncia, la cual podría sentar un precedente importante en los mecanismos de control y fiscalización de altos cargos en la administración de justicia del país.