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Activista Martha Grajales, colombo-venezolana, es excarcelada en Caracas tras seis días detenida por protestas contra el gobierno

Escrito por radioondapopular
agosto 13, 2025
Activista Martha Grajales, colombo-venezolana, es excarcelada en Caracas tras seis días detenida por protestas contra el gobierno

Activista Martha Grajales es liberada en Caracas tras seis días de detención

La activista de derechos humanos colombovenezolana Martha Lía Grajales fue puesta en libertad este martes en Caracas, después de haber permanecido detenida durante seis días. La medida, confirmada por su esposo y compañero de la organización SurGentes, Antonio González, implica que deja la prisión bajo condiciones, aunque el proceso judicial en su contra continúa abierto. La Fiscalía mantiene los cargos de “incitación al odio”, “conspiración con un gobierno extranjero” y “asociación para delinquir”, delitos que podrían conllevar penas de hasta 30 años de prisión.

## Detención y protestas en Caracas

Grajales fue arrestada el pasado 8 de agosto, tras participar en una manifestación frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. La protesta, organizada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, buscaba exigir la liberación de quienes fueron detenidos tras las movilizaciones poselectorales de julio, en medio de la crisis política y social que atraviesa Venezuela. La activista es directora de la ONG SurGentes, una organización que ha documentado abusos y violaciones de derechos humanos en el país.

El esposo de Grajales informó en un video difundido en la red social X (antes Twitter) que a su esposa se le otorgó una medida sustitutiva a la privación de libertad alrededor de las 9 de la noche (01:00 GMT). González calificó el proceso judicial en su contra como “arbitrario” y solicitó que se respeten sus derechos humanos y el derecho a la defensa.

## Acusaciones y contexto político

La Fiscalía venezolana, bajo el control del gobierno chavista, anunció que la activista está siendo investigada por delitos que, según el Ministerio Público, afectan la estabilidad del país. La acusación se basa en su presunta participación en acciones contra las instituciones venezolanas y la paz nacional, además de las protestas que han sido objeto de represión tras las elecciones cuestionadas de Nicolás Maduro. Hasta la fecha, las protestas posteriores al fraude electoral han dejado al menos 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos, de los cuales alrededor de 2,000 han sido ya liberados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió públicamente la liberación inmediata de Grajales. En su declaración, destacó que la familia y los abogados de la activista deben ser informados sobre su paradero y que sus derechos deben respetarse, en línea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

## La criminalización de la disidencia y la labor de SurGentes

Grajales ha sido una figura constante en las protestas lideradas por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, un grupo que denuncia la falta de garantías en los procesos judiciales contra detenidos relacionados con las manifestaciones. El gobierno de Maduro ha acusado a organizaciones no gubernamentales, incluyendo SurGentes, de recibir financiamiento extranjero para desestabilizar el país. El mandatario también ha señalado que algunos de los activistas detenidos no son presos políticos, sino “terroristas” responsables de violencia y asesinatos.

Desde 2017, la Ley contra el Odio en Venezuela ha tipificado delitos como la “incitación al odio”, una figura que ha sido criticada internacionalmente por su amplio alcance y por ser utilizada para silenciar opiniones disidentes. La ONG SurGentes ha documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin garantías en Venezuela, participando activamente en la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

La excarcelación de Grajales representa un pequeño respiro en un contexto marcado por la represión y la criminalización de la oposición política y los defensores de derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional continúa vigilando de cerca la situación, exigiendo respeto por la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.

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