Alcalde imputado por explotación sexual en Uruguay se suicida en prisión antes de juicio

El alcalde imputado de Minas de Corrales se suicida en prisión

José Washington González, conocido como Tixe, quien ejercía como alcalde de Minas de Corrales, se quitó la vida en la cárcel donde permanecía detenido. La noticia fue confirmada por la fiscal a cargo de la investigación, Alejandra Domínguez, quien informó al diario El País que el funcionario se suicidó en la penitenciaría de Cerro Carancho, en Rivera. González, de 71 años, había sido arrestado en relación con graves acusaciones de explotación sexual.

El ex alcalde había sido imputado por múltiples delitos relacionados con la explotación sexual de menores. La defensa había solicitado que su prisión preventiva fuera reemplazada por arresto domiciliario debido a su estado de salud, pero la Justicia decidió mantenerlo en prisión mientras avanzaba la causa. La medida cautelar, que vencía el 27 de agosto, fue prorrogada por la Fiscalía para que González permaneciera en la cárcel durante el proceso judicial.

Contexto y antecedentes del caso

González fue detenido junto a otras seis personas por contribuir a la explotación sexual de menores. La acusación incluye retribución o promesa de retribución a menores para la realización de actos sexuales o eróticos, además de otros delitos de abuso sexual agravado. La noticia impactó a la comunidad de Minas de Corrales, un pequeño pueblo de Rivera con aproximadamente 3.600 habitantes, situado a unos 95 km de la capital departamental y a 455 km de Montevideo.

El alcalde, integrante del Partido Colorado, un partido histórico en Rivera, pertenecía a la misma corriente política que el intendente Richard Sánder. Tras su arresto, el partido suspendió su afiliación y expresó en un comunicado su enérgico rechazo a las conductas que vulneran la moral pública y los derechos humanos, asegurando que la política debe ser un espacio de transparencia y honestidad.

Detalles de la investigación y reacción institucional

La investigación reveló que González pagaba con dinero, ropa y suscripciones en plataformas de streaming a un menor de 12 años para abusar de él. La relación entre el alcalde y el joven comenzó cuando la víctima tenía esa edad y continuó hasta los 15. Se conoció que González mantenía un vínculo con la familia del menor, lo que facilitó su acercamiento. A cambio de sexo, el alcalde entregaba dinero, regalaba un teléfono móvil y pagaba suscripciones en plataformas digitales.

Además del menor, otras cinco víctimas, todas mujeres, comenzaron a ser explotadas desde los 13 o 14 años. Algunas de ellas hoy tienen 17 años. La comunidad quedó conmocionada por estos hechos, que evidencian un patrón de conducta grave y reiterado.

El caso ha generado una fuerte condena social y política, y refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores frente a la explotación y abuso sexual. La justicia continúa con la investigación, esperando que se esclarezcan todos los hechos y se aplique la ley con firmeza para las víctimas.