¡Alerta! El socialismo del siglo 21 institucionaliza la persecución judicial y el terrorismo de Estado para acabar con la democracia y mantener impunes a los criminales

Persecución judicial y terrorismo de Estado en el socialismo del siglo XXI

En varios países de América, el socialismo del siglo XXI ha instaurado un sistema que institucionaliza la persecución judicializada contra quienes defienden la libertad y la democracia. La utilización de acusaciones falsas y tribunales manipulados busca eliminar a la oposición, sembrar miedo en la población y proteger a las estructuras del crimen organizado. Este método, que recuerda las prácticas de dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, también ha llegado a países como Brasil, México, Colombia y Honduras, donde los gobiernos autoritarios consolidan su poder a través de la judicialización de la disidencia. Los actores que actúan como fiscales y jueces en estos procesos no son más que verdugos que, impunemente, perpetúan el terror de Estado.

Los elementos que definen una dictadura y el papel del terrorismo de Estado

Una forma efectiva de identificar una dictadura es analizar si se cumplen los cinco elementos esenciales de la democracia según la Carta Democrática Interamericana: respeto a los derechos humanos, acceso y ejercicio del poder bajo el estado de derecho, elecciones periódicas y libres, pluralismo político y separación e independencia de los poderes públicos. La ausencia de cualquiera de estos componentes indica que la democracia ha sido destruida. En el centro de estas dictaduras se encuentra el terrorismo de Estado, definido como el uso de métodos ilegítimos por parte del gobierno para generar miedo en la población y forzar comportamientos no espontáneos. Entre estos métodos, la utilización del sistema judicial para acusar falsamente, encarcelar y condenar a inocentes es uno de los más utilizados para mantener el control social y político.

Crímenes de lesa humanidad y la impunidad judicial

Los integrantes de estos sistemas judiciales, que en realidad actúan como verdugos y sicarios, cometen crímenes de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma, estos incluyen encarcelaciones arbitrarias, torturas, persecución basada en motivos políticos o raciales y otros actos inhumanos que causan sufrimiento extremo. Sin embargo, en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, las leyes y constituciones han sido manipuladas para suplantar el Estado de Derecho, eliminando garantías básicas como la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia judicial. Los procesos judiciales en estos contextos son, en muchos casos, “linchamientos en el siglo XXI”, donde las víctimas son sometidas a prisión, exilio, persecución o silencio sin un juicio legal justo.

Diversas organizaciones internacionales, como Cubalex, Prisoners Defenders, el Foro Penal Venezolano y Global Human Rights League, documentan miles de presos políticos y millones de exiliados en la región, evidenciando la gravedad de la situación. La impunidad se mantiene gracias a la liberación de presos notorios y a la protección de los responsables por parte de las estructuras gubernamentales. La comunidad internacional debe conocer los nombres de estos jueces y fiscales verdugos para responsabilizarlos y frenar la consolidación de estos regímenes autoritarios.

Carlos Sánchez Berzain, abogado y politólogo, especialista en temas de democracia y derechos humanos, señala que cortar los brazos operativos del terrorismo de Estado es fundamental para devolver la justicia y la libertad en la región. La lucha contra estos sistemas requiere de la conciencia global y de acciones concretas para proteger los derechos fundamentales de todos.

Más información en www.carlossanchezberzain.com