Alerta en Perú por incremento de la pesca ilegal: riesgo de alcanzar la magnitud de la minería ilícita sin intervención inmediata

La pesca ilegal en Perú avanza a pasos agigantados y representa una amenaza cada vez mayor para la economía y la biodiversidad del país. La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, alertó sobre la gravedad de esta problemática, advirtiendo que, si no se toman medidas urgentes, esta actividad ilícita podría alcanzar niveles de violencia y complejidad similares a los que hoy enfrentan las operaciones mineras ilegales.

En una entrevista con RPP, Luna explicó que el impacto de la pesca clandestina trasciende los daños económicos, que el Ministerio de la Producción (Produce) estima en aproximadamente 500 millones de dólares anuales. La actividad ilegal también daña los ecosistemas marinos, fomenta un “ecosistema ilegal” que incluye la explotación de recursos mediante métodos peligrosos como la pesca con explosivos, la construcción clandestina de embarcaciones y el lavado de dinero. Todo ello, según la dirigente, alimenta un círculo de extorsión, sicariato y violencia que afecta la seguridad ciudadana.

Uno de los problemas más críticos es la falta de control y trazabilidad en la flota artesanal, que representa la mayor parte de la pesca en el litoral peruano. Mientras que la pesca industrial de anchoveta cuenta con monitoreo satelital y sistemas de trazabilidad, la mayoría de las embarcaciones artesanales, aproximadamente 14,000 de unas 18,000, operan en la clandestinidad, sin reportar su ubicación ni los recursos que capturan.

El Ministerio de la Producción ha intentado implementar dispositivos de control para supervisar estas embarcaciones, pero ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de los pescadores artesanales y organizaciones ilegales que prefieren mantener su invisibilidad para evitar sanciones. La pesca ilegal se concentra principalmente en regiones como Ica, Chimbote, Paita y Piura, zonas estratégicas por su alta actividad marítima y su importancia en el comercio marítimo.

Ante esta situación, Luna propone una estrategia integral que involucre a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de la Producción, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. “No se puede desarticular a las mafias con acciones aisladas; se requiere coordinación, operativos constantes y un marco legal que permita sanciones efectivas”, afirmó.

La SNP ha presentado propuestas al Congreso y mantiene reuniones con Produce para definir una hoja de ruta que frene el crecimiento de la pesca ilegal. La intención es proteger los recursos marinos, garantizar una competencia justa y preservar la sostenibilidad del sector formal.

A pesar de estos desafíos, el sector formal ha logrado resultados positivos. En la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, se capturaron 2.47 millones de toneladas, alcanzando el 82% de la cuota permitida. Este rendimiento no solo beneficia a la economía del sector sino que también refleja la importancia de la pesca para el país.

Actualmente, la pesca representa aproximadamente el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, genera cerca de 250,000 empleos formales y sustenta alrededor de 3,500 micro y pequeñas empresas. Además, Perú sigue siendo el principal exportador mundial de harina y aceite de pescado, con ventas cercanas a los 3 mil millones de dólares anuales.

La lucha contra la pesca ilegal es fundamental para garantizar la sostenibilidad del recurso marino y fortalecer la economía peruana. La coordinación interinstitucional, la aplicación efectiva de leyes y la vigilancia constante serán clave para frenar esta problemática que, si no se controla, puede tener consecuencias irreparables para el país.