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ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por caso Cócteles

Escrito por radioondapopular
octubre 23, 2025
ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por caso Cócteles






Procesos disciplinarios y decisiones judiciales en Perú: Caso José Domingo Pérez y Keiko Fujimori




Procesos disciplinarios y decisiones judiciales en Perú: Caso José Domingo Pérez y Keiko Fujimori

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha iniciado un proceso disciplinario por un período de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. Esta medida se tomó pocos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar el caso Cócteles, una investigación que impulsó contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

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El documento de la ANC especifica que la medida busca determinar si el magistrado incurrió en infracciones funcionales durante su actuación en dicho caso, que fue anulado tras el fallo del TC del 20 de octubre. La resolución señala que:

“Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos”.

Motivaciones y contexto del proceso disciplinario

La resolución de la ANC busca esclarecer si el fiscal Pérez incurrió en infracciones durante su actuación en el caso que, posteriormente, fue anulado. Esto ocurrió tras la decisión del Tribunal Constitucional del 20 de octubre, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Keiko Fujimori y dejó sin efecto todas las actuaciones fiscales y judiciales relacionadas.

En el voto de la magistrada Pacheco Zerga, que respalda la decisión, se destaca que la acusación fiscal fue corregida en diecinueve ocasiones, tanto por errores formales como sustantivos. La magistrada señala que esta constante necesidad de subsanación evidencia que el requerimiento acusatorio no estuvo adecuadamente fundamentado desde su inicio, lo cual podría afectar la validez del proceso y la seguridad jurídica de los implicados.

José Domingo Pérez, fiscal que formuló la acusación contra Fujimori, solicitó una pena de 30 años de prisión por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Sin embargo, con la decisión del Tribunal Constitucional, todo el proceso quedó sin efecto.

Rafael Vela considera que el proceso disciplinario es una represalia

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, expresó su preocupación por la apertura del proceso disciplinario contra José Domingo Pérez. Vela sostiene que esta acción podría ser una forma de represalia por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC), liderada por Juan Fernández Jerí.

Vela añadió que esta medida coincide con la reciente sentencia del TC que favoreció a Keiko Fujimori y que la apertura del proceso contra Pérez parece alinearse con las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, quien insinuó posibles represalias que afectarían la autonomía fiscal del Ministerio Público.

El TC ordena archivar la acusación contra Keiko Fujimori

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha ordenado archivar la investigación conocida como ‘Caso Cócteles’, que involucraba a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a otras 14 personas, por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La decisión, respaldada por cinco magistrados, determinó que las acusaciones relacionadas con los aportes a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 carecían de sustento jurídico. El TC declaró fundada la demanda presentada por la abogada Giulliana Loza Avalos en favor de Fujimori y dejó sin efecto todos los actos procesales realizados desde el inicio de las investigaciones preliminares en la Carpeta Fiscal 55-2017.

Los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez coincidieron en que no se respetó el derecho a un plazo razonable dentro del sistema de justicia y que se vulneró el principio de legalidad, lo que llevó a la decisión de archivar el caso.



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