Argentina: Milei bloquea incremento en jubilaciones y pensiones por discapacidad

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vetado dos leyes aprobadas en el Congreso en julio pasado, en un intento por mantener el equilibrio fiscal del país. La primera de ellas era una ley que contemplaba un incremento en las jubilaciones y pensiones por discapacidad, mientras que la segunda buscaba restablecer, por un período de dos años, una moratoria que permitió a muchas personas acceder a su jubilación sin acreditar los 30 años de aportes requeridos. Dicha moratoria había vencido en marzo.

El veto presidencial, publicado en el boletín oficial, implica que el Congreso puede insistir en la aprobación de estas leyes, pero para ello necesita obtener una mayoría calificada, es decir, dos tercios en ambas cámaras legislativas. Esta es la segunda vez que Milei veta una propuesta para aumentar las jubilaciones, siendo la primera en agosto de 2024.

Diversos estudios privados señalan que los jubilados son uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste implementadas hasta ahora. Sus haberes, en muchos casos, representan apenas una tercera parte de la canasta básica del adulto mayor. Más del 70 % de los jubilados percibe un ingreso mínimo, que equivale aproximadamente a 275 dólares mensuales, situándolos por debajo de la línea de pobreza.

Desde el gobierno, se calificó a estas leyes de «irresponsables» porque no especificaban el origen de los fondos necesarios para financiarlas, argumentando que su aprobación podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país. Estos vetos se producen apenas una semana después de un decreto presidencial que redujo impuestos a las exportaciones de granos y carnes, y en un contexto en el que también se bloquearon aumentos presupuestarios para las universidades, las cuales mantienen sus ingresos en niveles de 2023, pese a la elevada inflación de ese año.

El veto a las leyes de aumento en las jubilaciones impide también un incremento del 7.2 % en las pensiones y la asignación de un bono mensual adicional de 40,000 pesos (unos 30 dólares). Además, Milei rechazó la ley que declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad, que buscaba regularizar pagos atrasados en prestaciones de salud y garantizar su continuidad hasta diciembre de 2027. Esta normativa también restablecía el cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, eliminado por la actual gestión.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad tendría un impacto fiscal que oscilaría entre el 0.22 % y el 0.42 % del PIB, y el gobierno estima que su implementación podría implicar gastos adicionales superiores a los 7 billones de pesos (unos 5 millones de dólares) en 2025, y cerca de 17 billones de pesos (unos 12 millones de dólares) en 2026.

Las decisiones de Milei han generado protestas masivas y manifestaciones en todo el país, muchas de las cuales terminaron en enfrentamientos con la policía, con heridos y varias detenciones. La política de ajuste en jubilaciones, educación y atención a personas con discapacidad ha sido particularmente polémica, polarizando aún más el escenario social argentino.

Estas medidas y sus respuestas reflejan la tensión entre el gobierno y los sectores afectados, en un contexto de crisis económica y alta inflación, que continúa generando incertidumbre y malestar en la población.