Jusdem advierte sobre el impacto del fallo del Tribunal Constitucional en la independencia judicial

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) ha emitido una contundente alerta acerca de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que archiva el caso Cócteles. La organización considera que esta decisión pone en grave riesgo la independencia del poder judicial y la separación de poderes, al inmiscuirse en un proceso que actualmente está en trámite.

Impacto en la separación de poderes

Jusdem denuncia que la resolución del Tribunal Constitucional profundiza un patrón de intervenciones indebidas en procesos judiciales en curso. Según su análisis, esta conducta contraviene tanto la jurisprudencia establecida por el propio TC como los principios fundamentales que garantizan la independencia judicial y la separación de poderes.

Críticas a la decisión del TC

El documento de Jusdem señala que la sentencia amplía un patrón de intervenciones del Tribunal en procesos judiciales en trámite, en contradicción con su propia jurisprudencia y los principios que regulan la independencia del Poder Judicial. La organización advierte que, bajo el pretexto de ejercer control constitucional, el TC vuelve a involucrarse en causas que son de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios, lo cual genera un grave precedente institucional.

Contradicciones con la jurisprudencia del TC

Desde Jusdem advierten que la decisión adoptada contradice la línea jurisprudencial que el Tribunal ha sostenido durante años, la cual establece que no debe intervenir en materias que corresponden exclusivamente a la judicatura ordinaria. La organización enfatiza que este cambio de criterio, sin una justificación constitucional clara, afecta la confianza ciudadana en el papel del TC como garante del orden constitucional.

Repercusiones en el proceso judicial

El 20 de octubre pasado, en un fallo por mayoría, el Tribunal Constitucional decidió archivar el caso Cócteles, en el que Keiko Fujimori y sus principales colaboradores estaban siendo investigados por lavado de activos en relación con aportes ilícitos en las campañas del 2011 y 2016.

Los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez argumentaron que, antes de noviembre de 2016, la ley no consideraba delito de lavado de activos los aportes con procedencia desconocida o ilícita a campañas políticas. Además, señalaron que la investigación y el juzgamiento en el caso habrían excedido el plazo razonable establecido por la ley.

Implicaciones para la independencia judicial

La decisión del TC aún está pendiente de ejecución en el 10° Juzgado Penal Nacional. Algunos juristas sugieren que dicho juzgado podría aplicar control difuso y rechazar la decisión de los magistrados constitucionales, reafirmando así la independencia del poder judicial.

Desde Jusdem recuerdan que la Constitución garantiza la independencia en la función jurisdiccional y que ningún poder del Estado puede intervenir en causas en trámite. Cualquier intento de modificar o condicionar decisiones judiciales en curso viola este principio fundamental y desestabiliza el equilibrio propio del Estado de Derecho.

Por último, la organización recalca que el Tribunal Constitucional no posee una jerarquía superior ni actúa como una «super corte suprema». Las altas cortes deben actuar en conjunto, respetando los principios y valores constitucionales que rigen la vida jurídica en el país.

Reacciones y opiniones

El fiscal José Domingo Pérez, quien lleva la investigación en el caso, ha cuestionado públicamente la resolución del Tribunal. La decisión de archivar el proceso ocurrió en un momento en que el expediente aún se encontraba en la etapa de control de la acusación, lo que ha generado críticas desde diferentes sectores del sistema judicial y legal.