Escasa cantidad de sentencias por extorsión en Perú y desafíos en la lucha contra la criminalidad

Persistente brecha entre denuncias y condenas

En los últimos dieciocho meses, únicamente veinte casos de extorsión han culminado en una sentencia en todo el país, según una investigación realizada por Latina Noticias. Esta cifra revela una significativa brecha entre la prevalencia del delito y la aplicación de justicia, evidenciando altos niveles de impunidad.

De acuerdo con datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y septiembre de este año se reportaron 20.705 denuncias por extorsión. Sin embargo, la Unidad de Investigación de Latina Noticias señala que, entre enero de 2024 y julio de 2025, solo se dictaron veinte sentencias relacionadas con este delito en todo el país. De esas, cuatro ocurrieron en Lima y ninguna en el Callao.

Alta incidencia de delitos en el Callao y baja tasa de resolución

Este escenario resulta aún más alarmante considerando que, en 2025, la provincia constitucional del Callao registra la cifra más alta de homicidios en los últimos años. La extorsión continúa siendo uno de los delitos más denunciados en la zona, con 707 casos reportados hasta septiembre, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

En Lima, entre 2020 y 2025, se registraron aproximadamente 85,000 denuncias por extorsión, de las cuales solo 1,470 lograron llegar a la fase judicial, según la misma investigación. Esto implica una tasa de impunidad superior al 98%, evidenciando la dificultad para que las víctimas accedan a la justicia.

El panorama penitenciario y la escasa condena

Los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muestran que, hasta julio de 2025, había 1,389 personas condenadas por extorsión en el país. Sin embargo, muchos de estos casos corresponden a condenas antiguas; en enero, la cifra era de 1,263, lo que indica que solo se han encarcelado 126 extorsionadores en lo que va del año.

¿Por qué son tan pocas las sentencias?

El experto en seguridad, José Manuel Saavedra, explicó en diálogo con La República que diversos factores contribuyen a esta discrepancia. Entre ellos, mencionó la corrupción policial que facilita filtraciones de información, la infiltración de bandas extranjeras que emplean violencia extrema y la falta de recursos en las áreas de inteligencia.

Saavedra añadió que, aunque los operativos permiten capturar a algunos delincuentes, las redes delictivas se reorganizan rápidamente gracias al uso de tecnología avanzada, dificultando la lucha efectiva contra ellas.

Por su parte, un abogado penalista, quien solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que la legislación peruana no sería un impedimento. “No creo que existan vacíos o fallas en la normativa. Las leyes están acordes a nuestra realidad, pero la crisis política, económica y social limita las acciones de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial”, señaló.

El profesional también resaltó que la dificultad para probar el delito de extorsión radica en la escasez de logística y recursos económicos, pero que ese no sería el único motivo. “La descoordinación entre las autoridades, que prefieren protagonizar en lugar de trabajar en conjunto, permite que las redes delictivas sigan operando. La falta de colaboración y el conflicto constante entre el Ministerio Público y la Policía favorecen la continuidad del delito”, afirmó.

Propuestas y medidas legales

El abogado añadió que la pena máxima prevista en la legislación peruana para quienes cometen extorsión es la cadena perpetua. En su opinión, no debería concederse ningún beneficio penitenciario y se debería aplicar un régimen cerrado para estos delincuentes.

La ola de delincuencia y la percepción ciudadana

Además, muchos ciudadanos sienten temor a denunciar y desconfían tanto de la Policía como del sistema judicial. Como señala Saavedra, “las víctimas temen represalias, lo que perpetúa el ciclo del delito”.

La situación se agrava aún más ante la vulnerabilidad de los operadores de justicia. Recientemente, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina informó que al menos 25 fiscales en todo el país han sido víctimas de amenazas y extorsiones que exigen miles de soles para evitar ataques a ellos o a sus familias.

Un caso emblemático es el de la fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, quien denunció haber recibido mensajes amenazantes desde mediados de octubre. La fiscal afirmó que la organización autodenominada Los Pepes le advirtió sobre represalias si continuaba con la investigación contra la banda Los Chukys, liderada por Juan Pablo II.

Reformas y nuevas leyes para combatir la extorsión

El lunes 3 de octubre, el presidente de Perú promulgó una nueva ley destinada a fortalecer la lucha contra la criminalidad en el transporte urbano. En la ceremonia en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que la norma fue elaborada tras diálogos con gremios de transportistas y busca atacar directamente las redes de extorsión.

Entre las medidas, la ley contempla la orden de congelar cuentas utilizadas para cobrar cupos, la vigilancia de empresas con movimientos sospechosos y la intervención de rutas amenazadas por parte de la Policía y la Fiscalía.

El experto en seguridad, Saavedra, recomendó la creación de unidades especializadas como la nueva División de Investigación de Extorsiones de la PNP, con un enfoque en análisis de datos y vigilancia digital, con el objetivo de mapear redes completas en lugar de centrarse solo en los peones.

Conclusión

La lucha contra la extorsión en Perú enfrenta múltiples obstáculos, desde la alta impunidad hasta la descoordinación institucional y la falta de recursos. La reciente promulgación de leyes y la creación de unidades especializadas son pasos en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para reducir la criminalidad y garantizar justicia efectiva para las víctimas.