Australia paga 1.6 mil millones para reubicar a 354 inmigrantes sin derecho legal en Nauru

Australia financiará a Nauru para reubicar a exdetenidos sin derecho legal a permanecer

El gobierno australiano ha llegado a un acuerdo con la pequeña nación insular de Nauru para pagar aproximadamente 1.600 millones de dólares australianos en un período de 30 años. Este acuerdo tiene como objetivo reubicar a hasta 354 personas que, según las autoridades, no tienen el derecho legal de residir en Australia, en el marco de las controvertidas políticas de detención offshore del país.

El pacto, firmado en secreto la semana pasada, establece que Australia transferirá a estas personas a Nauru a cambio de un pago inicial de 408 millones de dólares australianos (alrededor de 267 millones de dólares estadounidenses), seguido de contribuciones anuales de aproximadamente 70 millones de dólares australianos (unos 46 millones de dólares estadounidenses). La cooperación entre ambos gobiernos ha generado críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos y la legalidad de estas medidas.

Reacciones y preocupaciones sobre el acuerdo

El senador independiente David Pocock señaló en una audiencia urgente en el Senado que este acuerdo podría costar hasta 2.500 millones de dólares australianos (aproximadamente 1.600 millones de dólares estadounidenses) en tres décadas. La audiencia se realizó después de que el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke, confirmara la firma de un memorando con el presidente de Nauru para gestionar el tratamiento y la residencia a largo plazo de estas personas en Nauru.

Por su parte, Clare Sharp, responsable de inmigración en el Departamento de Asuntos Internos, afirmó que ambos países buscan agilizar el proceso, ya que los fondos solo se desembolsarán cuando las personas lleguen a Nauru. Nauru, con una población estimada en 12.500 habitantes y una superficie de solo 21 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños del mundo.

El presidente de Nauru, David Adeang, expresó que el acuerdo fortalecerá la economía del país a largo plazo, en medio de un contexto de desafíos económicos y recursos agotados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el pacto.

Críticas y riesgos para los derechos humanos

Jana Favero, vicepresidenta del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo en Melbourne, calificó el acuerdo como «discriminatorio, vergonzoso y peligroso». La activista advirtió que la redacción del acuerdo podría facilitar la deportación de miles de personas desde Australia, poniendo en riesgo sus vidas. Favero insistió en que el número de afectados sería mucho mayor que el reducido que el gobierno quiere hacer creer.

Funcionarios australianos aseguraron que no hay garantías de que todos los 354 individuos, algunos de los cuales tienen antecedentes penales graves, sean deportados a Nauru. La decisión final corresponde a las autoridades de la isla. La política migratoria de Australia ha sido objeto de controversia desde hace años, especialmente tras una decisión de la Corte Suprema en 2023 que declaró ilegal la detención indefinida si no existía una opción de deportación, lo que llevó a la liberación de 220 personas.

Hasta ahora, Australia ha enfrentado dificultades para gestionar a inmigrantes sin otra opción de destino cuando sus visas son canceladas. En febrero pasado, el país pagó una suma no revelada para que Nauru aceptara a tres inmigrantes condenados por delitos violentos, aunque su traslado se ha visto detenido por desafíos legales.

Nauru: un país en busca de nuevos caminos económicos

Desde 2001, Nauru ha sido uno de los destinos iniciales para solicitantes de asilo enviados por Australia en su polémico programa de detención offshore. En junio de 2023, el último grupo de refugiados en Nauru fue trasladado a Australia, en cumplimiento de una promesa electoral del primer ministro Anthony Albanese de terminar con esta política.

Recientemente, la ONU denunció que las políticas offshore de Australia violan derechos fundamentales, específicamente en lo que respecta a la detención arbitraria y la posibilidad de presentar recursos legales contra ella. Mientras tanto, Nauru ha intentado diversificar su economía mediante programas de ciudadanía y residencia, ofreciendo pasaportes a cambio de inversiones mínimas, con la esperanza de captar recursos para adaptarse a los efectos del aumento del nivel del mar, amenazas que también enfrentan países vecinos como Tuvalu.