Congreso de Perú aprueba sistema de control financiero para combatir la extorsión

El Congreso de la República de Perú aprobó el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que establece un innovador sistema de supervisión financiera destinado a frenar la extorsión y el sicariato en el país. Desde su entrada en vigor, bancos, cajas y cooperativas deberán vigilar de cerca los movimientos de dinero que puedan estar relacionados con actividades ilícitas.

Medidas específicas y responsabilidades de las instituciones financieras

La normativa obliga a las instituciones financieras a monitorear y reportar transacciones sospechosas en efectivo, transferencias, remesas y billeteras digitales. Estas transacciones, en ocasiones, se realizan bajo eufemismos como “cupo”, “vacuna”, “colaboración”, “aporte” o “seguridad”, pero en realidad encubren pagos extorsivos.

Además, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será responsable de verificar que las entidades financieras detecten y reporten dichas transacciones irregulares. La ley también contempla la colaboración con la Policía Nacional del Perú, que deberá facilitar en línea el acceso a su base de datos de personas denunciadas por extorsión y sicariato, permitiendo cruzar información en tiempo real.

Acciones complementarias y coordinación interinstitucional

La ley establece que los reportes generados por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) serán remitidos al Ministerio Público. Este podrá solicitar medidas cautelares o el congelamiento de cuentas, en el marco de la ley de pérdida de dominio, para frenar el financiamiento de redes criminales.

Para reforzar el control, la Policía Nacional del Perú deberá proporcionar a la UIF acceso en línea a sus bases de datos de personas denunciadas por delitos como extorsión y sicariato. La finalidad es facilitar el cruce de información en tiempo real y detectar patrones sospechosos.

Objetivo y alcance de la normativa

Según el dictamen, el principal objetivo es “asfixiar económicamente” a las organizaciones criminales que operan bajo fachada comercial, rastreando su flujo de dinero y cortando su capacidad de financiamiento.

Perspectivas y desafíos

Este mecanismo financiero se complementa con acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y control, buscando reducir significativamente las amenazas y delitos relacionados con la extorsión en el país. La ley busca cortar de raíz el financiamiento de las organizaciones criminales y proteger la integridad de los ciudadanos.