Controversia por el asilo diplomático de Betssy Chávez en México

El asilo diplomático concedido por el Gobierno de México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez continúa generando opiniones divididas respecto a si el Estado peruano tiene la obligación de entregarle un salvoconducto para que pueda desplazarse hacia el país que preside Claudia Sheinbaum.

Opiniones sobre la obligación del Perú

El internacionalista Scar Vidarte sostiene que Perú debe cumplir con el procedimiento establecido en la Convención de Caracas de 1954. A pesar de que el presidente peruano José Jer anunció la ruptura de las relaciones bilaterales con México, Vidarte afirma que la normativa internacional obliga al país a facilitar el movimiento de la ex primera ministra.

El tratado internacional favorece a Betssy Chávez

En una entrevista para el programa «En Defensa de la Verdad», el también investigador en política exterior peruana reafirmó que el tratado sobre asilo diplomático respalda a Chávez, al considerarla una persona «perseguida política». Por ello, argumenta, la entrega de su salvoconducto debería haberse realizado en cuanto México la reconoció como asilada.

«Existe una normativa internacional que nos obliga a actuar de cierta manera. El Convenio de 1954 sobre asilo diplomático establece claramente que Perú está obligado — también hay que considerar nuestra Constitución — a proporcionar el salvoconducto cuando otro país decide otorgar asilo a una persona. Esto debe hacerse de manera inmediata», señaló.

Asimismo, Vidarte enfatizó en la disposición contenida en la convención que niega el asilo a quienes están siendo procesados por la justicia. En esa línea, explicó que en la práctica, ningún perseguido político puede recibir un salvoconducto si la autoridad que otorga el asilo, en este caso el Estado asilante, no califica el delito y decide si corresponde o no conceder el refugio. Un ejemplo de esto fue el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, en abril pasado.

Encargada de negocios de México abandona Perú

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que Karla Ornelas, encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, abandonó el país la noche del sábado 8 de noviembre.

Esta acción se produjo después de que Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México, y la representante del gobierno mexicano tuvo un plazo máximo de 72 horas para salir del territorio nacional. La salida fue concretada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Actualmente, el futuro de Betssy Chávez en la embajada mexicana en Perú es incierto. La situación permanece en evaluación por parte del gobierno peruano, que aún no ha decidido si entregará formalmente el salvoconducto o si desistirá de hacerlo.

Reacciones y postura institucional

Las opiniones sobre este caso continúan divididas. La mayoría de los expertos coinciden en que Perú debe cumplir con lo establecido en la Convención de Caracas, mientras que desde el Congreso existe una postura claramente contraria, argumentando que el país no está obligado a facilitar el desplazamiento de personas procesadas o en proceso.