Bolivia bloquea 4.000 vehículos por cargar combustible irregularmente

Bolivia enfrenta desde hace varias semanas una crisis de suministro de combustible que ha generado serios problemas en todo el país. La escasez de gasolina y diésel se ha visto agravada por prácticas ilícitas en el sector, que dañan aún más la disponibilidad de estos recursos esenciales.

Recientemente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que más de 4.000 vehículos han sido bloqueados tras detectar que cargaron combustible de manera repetitiva en estaciones de servicio. Según Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH, se está investigando a al menos nueve estaciones involucradas en estas prácticas fraudulentas. Dos de ellas, ubicadas en Cochabamba, habrían manipulado sistemas informáticos para permitir cargas reiteradas, presuntamente para desviar y acumular carburantes de forma ilícita.

Para frenar estas actividades, la ANH ha establecido mecanismos que controlan la frecuencia con la que un vehículo puede abastecerse de combustible. Sin embargo, las redes delictivas han encontrado formas de evadir estos controles, alterando placas y manipulando datos para evitar ser detectadas.

La problemática del desvío y acumulación de combustible tiene un impacto directo en la disponibilidad regional, reduciendo los volúmenes que habitualmente abastecen a diferentes zonas del país. Bolivia lleva más de dos años enfrentando prolongados periodos de escasez, derivada de una baja producción interna y las crecientes dificultades para importar carburantes. En 2024, el Estado destinó 3.349 millones de dólares para adquirir el 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesarios para cubrir la demanda interna. Sin embargo, el presupuesto semanal de 56 millones de dólares, aprobado para estos fines, resulta insuficiente, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El subsidio estatal a los combustibles, que mantiene los precios en torno a los 0,53 dólares por litro, también agrava la situación económica del país. Los precios oficiales están congelados desde 2005, lo que ha llevado a un aumento en los costos y en los volúmenes de importación, generando un importante desequilibrio fiscal. Estimaciones gubernamentales indican que el precio real debería estar entre 1,20 y 1,25 dólares, más del doble del precio actual.

Esta diferencia ha fomentado redes de contrabando tanto dentro como fuera del territorio boliviano, provocando pérdidas estimadas en torno a 600 millones de dólares anuales por actividades ilegales en las fronteras. La crisis de combustible ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y una tensión creciente en la población, que ve mermada su movilidad cotidiana.

El presidente Luis Arce responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la demora en la aprobación de créditos externos necesarios para la importación de carburantes. Afirmó que, pese a la situación, se han logrado avances en exploración de hidrocarburos que, en los próximos años, podrían ofrecer una solución estructural a la crisis. Mientras tanto, el gobierno ha autorizado la participación de empresas privadas en la importación y comercialización de combustibles. Hasta junio, solo 66 de las 88 empresas autorizadas estaban activas en este proceso, importando un volumen muy por debajo del permitido, lo que refleja la limitada participación del sector privado en la solución del problema.