¡Bolivia elimina el Ministerio de Justicia tras escándalo por corrupción y busca blindar la independencia judicial!

El presidente de Bolivia anuncia la desaparición del Ministerio de Justicia

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, anunció este jueves que su gobierno eliminará el Ministerio de Justicia. La decisión llega en medio de una crisis política interna, tras la destitución de dos ministros en menos de dos semanas. La medida se tomó tras descubrir que Freddy Vidovic, exministro de Justicia, tenía una sentencia firme desde 2015 por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, exasesor del expresidente Ollanta Humala. Además, se le atribuyen otros delitos relacionados con su ejercicio profesional como abogado.

Paz explicó que la eliminación del ministerio busca fortalecer la independencia del sistema judicial y mejorar la coordinación entre instituciones. Aseguró que “si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia” y criticó que, en el pasado, esa cartera se utilizó para perseguir políticamente a ciudadanos. La decisión también busca evitar que instituciones puedan ser utilizadas como herramientas de presión política.

## Reacciones y contexto político

El anuncio del cierre del Ministerio de Justicia ha generado controversia en el país. La decisión forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral del actual gobierno, en un intento por reducir la injerencia política en los asuntos judiciales. Sin embargo, también ha provocado tensiones internas, especialmente en relación con la figura del vicepresidente, Edmundo Lara.

Declaraciones del presidente Paz y las implicancias de la medida

En su discurso, Paz afirmó que la decisión responde a un compromiso electoral y que busca evitar injerencias políticas en la justicia. Explicó que, durante su gestión, la política de eliminación del ministerio fue suspendida por sugerencias del vicepresidente, que consideraba mantenerlo. Sin embargo, ahora se ha decidido proceder con la desaparición, argumentando que el Ministerio había sido utilizado para “chantajear a la sociedad desde el poder político”.

El mandatario también manifestó que su gobierno pretende “enterrarlo bien” para evitar que resurja una forma de “terrorismo de Estado” que afecte a la población boliviana. Además, justificó la medida señalando que la gestión pasada de esa cartera estuvo marcada por prácticas de persecución y manipulación política, que ahora buscan ser erradicadas.

## Tensión entre el presidente y vicepresidente

La eliminación del Ministerio de Justicia ha profundizado las diferencias entre Paz y Lara. La designación de Jorge García Pinto, abogado cercano al presidente, como nuevo ministro generó críticas públicas del vicepresidente. Lara sugirió públicamente que el mandatario debería considerar otra opción, argumentando que la designación del abogado, quien además es su asesor cercano, envía un mensaje negativo al país.

Este conflicto refleja un choque de visiones sobre cómo controlar y supervisar el sistema judicial en Bolivia. Mientras Paz insiste en que la desaparición del ministerio garantiza la independencia judicial, Lara advierte sobre posibles riesgos y la necesidad de mantener una supervisión efectiva. La disputa interna podría influir en el equilibrio de poder dentro del gabinete y en la estabilidad política del gobierno.

## Reacción del exministro García Pinto y acciones legales

Tras su salida, Jorge García Pinto anunció que emprenderá acciones legales contra el vicepresidente Lara por difamación. En una conferencia, afirmó que las declaraciones de Lara dañaron su reputación personal y profesional, y aclaró que las denuncias deben seguir los procedimientos legales correspondientes. “Estoy comprometido con la patria y sin antecedentes penales. No permitiremos que poderosos, políticos o mediáticos, vulneren los derechos constitucionales de los ciudadanos”, afirmó.

García Pinto recordó que aceptó el cargo bajo la condición de que se eliminara el Ministerio, y que esa promesa se cumplió pocas horas después. La decisión del presidente Paz, afirmó, busca garantizar que la política no interfiera en la justicia y proteger la independencia institucional, en un intento por fortalecer el Estado de Derecho en Bolivia.