Bolivia firma decreto supremo con medidas económicas, sociales y energéticas para enfrentar la crisis y estabilizar el país

Bolivia declara emergencia para afrontar una crisis profunda

El gobierno boliviano ha decretado la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el territorio nacional, adoptando medidas extraordinarias para hacer frente a una crisis estructural. El Decreto Supremo N° 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, busca estabilizar la economía, restablecer la liquidez, fortalecer las reservas internacionales y asegurar el abastecimiento de combustibles y energía. Estos pasos pretenden impulsar la producción, atraer inversión, generar empleo y modernizar la gestión pública.

Medidas clave para mitigar la crisis

Entre las acciones más importantes, se destaca la fijación del Salario Mínimo Nacional en 3.300 bolivianos, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2025. Además, se implementará un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias mensuales de Bs 150 a las familias en situación vulnerable durante un período de hasta un año. También se aumentará la Renta Dignidad en Bs 150 para quienes no tengan jubilaciones contributivas y se establecerá un Bono Juancito Pinto de Bs 300 por estudiante para 2026.

Contexto de la crisis y responsabilidad del pasado

El decreto señala que la crisis actual es consecuencia de la gestión anterior, que dejó al país con un grave desabastecimiento de combustibles, con filas que superan una semana, así como una parálisis productiva, incremento en la inflación y un déficit fiscal que supera los USD 30 mil millones en cinco años. Se atribuye esta situación a la corrupción y a la mala administración, que agotaron las reservas internacionales, las cuales pasaron de USD 15.100 millones en 2014 a apenas USD 2.300 millones en 2023. También se menciona la reducción del oro monetario del Banco Central, que bajó de 42 a 22 toneladas, de las cuales seis ya están comprometidas.

Reformas en el sector energético y de inversiones

El decreto critica que el modelo de subsidios a los combustibles se volvió insostenible, ya que incentivó el contrabando de aproximadamente el 30% de la producción nacional hacia países vecinos, según datos de YPFB y organizaciones internacionales. La infraestructura energética ha sido descuidada, con inversiones que no alcanzaron ni el 40% de lo necesario, generando cuellos de botella logísticos y justificando importaciones sobrefacturadas. Además, la política de precios controlados ha creado diferencias de hasta el 60% con países vecinos, facilitando el contrabando con complicidad de funcionarios públicos.

En materia de inversión, se crea un Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones dirigido a nacionales y extranjeros. Este régimen garantiza estabilidad jurídica y Tributaria por hasta quince años y trato igualitario. Se priorizarán sectores clave como minería, hidrocarburos, energía, agricultura, infraestructura y manufactura exportadora. Para acelerar los proyectos, se implementará un procedimiento FAST TRACK con un plazo máximo de treinta días y se establecerá una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reformas fiscales y apertura comercial

Se ofrecen incentivos fiscales para impulsar la producción local, como la imputación adicional del 20% del IVA en compras nacionales hasta 2027, y la depreciación acelerada de activos adquiridos entre 2025 y 2026. También se contemplan deducciones excepcionales en créditos incobrables y aportes patronales. Además, se crea el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores (SIETE-RG), que establece un monotributo del 5% sobre ventas brutas para pequeñas empresas y profesionales independientes con ingresos anuales de hasta Bs 250.000.

Reformas en comercio exterior y exportaciones

En materia de comercio, se eliminan las autorizaciones previas de importación que emitía el SENAVEX para facilitar el abastecimiento interno, además de suprimir la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la exportación de productos agropecuarios e industriales. Esto permite la salida sin restricciones de productos como maíz, sorgo, azúcar y carne. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua será responsable de supervisar y promover estas acciones.