Brasil aprueba ley Antifacciones con penas de hasta 66 años para combatir organizaciones criminales ultraviolentas

Brasil aprueba una legislación contundente contra organizaciones criminales ultraviolentas

Este martes, la Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde a un proyecto de ley conocido como Antifacciones, destinado a fortalecer la lucha contra organizaciones criminales extremadamente violentas, milicias y grupos paramilitares. La votación terminó con 370 votos a favor y 110 en contra, en medio de un proceso cargado de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición. La iniciativa busca ofrecer un marco legal más riguroso para abordar la criminalidad organizada en el país.

El proyecto, que fue inicialmente presentado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre pasado, sufrió varias modificaciones durante su proceso de discusión en el Congreso. El presidente de la Cámara, Hugo Motta, designó como ponente al diputado Guilherme Derrite, quien afirmó que la cámara cumplió con su función de debate y no simplemente aprobó los textos del gobierno. Sin embargo, esta decisión generó polémica, ya que la participación de un legislador opositor en la revisión de un proyecto gubernamental fue vista con escepticismo por algunos sectores.

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¿Qué establece la ley y cuáles son las penas principales que contempla?

El proyecto contempla penas de entre 20 y 40 años de prisión para los integrantes de organizaciones criminales ultraviolentas y milicias. Para los líderes y cabecillas, estas penas pueden extenderse hasta 66 años. La normativa introduce el concepto de «nuevo cangaço», un término que describe delitos asociados a estas organizaciones, como control territorial, ataques con explosivos, uso de armas pesadas, drones y reclutamiento de menores. Además, incluye la minería ilegal como agravante, lo que aumenta las sanciones para quienes participen en estas actividades ilícitas.

También regula la progresión de las condenas, permitiendo que los condenados cumplan hasta el 85 % de su sentencia, dependiendo de la gravedad del delito. La ley establece que los líderes de estas organizaciones deben cumplir sus penas en prisiones federales de máxima seguridad. Además, autoriza la confiscación de bienes, cuentas bancarias, criptoactivos y empresas vinculadas a las facciones, incluso en etapas tempranas de la investigación. Para garantizar una correcta aplicación, se implementarán mecanismos de monitoreo y audiencias de custodia por videoconferencia.

Críticas y desacuerdos del gobierno con la versión aprobada

El gobierno brasileño manifestó su preocupación por la falta de una mención explícita a las facciones criminales en la ley, así como por la distribución de los bienes confiscados entre la Unión y los estados. Estas modificaciones podrían disminuir los fondos federales destinados a seguridad y reducir los recursos de la Policía Federal. Además, el Ejecutivo cuestionó los cambios en la autonomía de esta fuerza policial y rechazó la equiparación de las facciones criminales con grupos terroristas.

Otra de las críticas se centró en la modificación en la asignación de los recursos provenientes de la venta de bienes confiscados, que originalmente garantizaba una mayor participación del gobierno federal. La bancada del Partido de los Trabajadores presentó una enmienda para revertir estos cambios, pero fue rechazada en el proceso. La oposición sostiene que estas modificaciones afectan la efectividad y el alcance de la ley en la lucha contra el crimen organizado.

Rol de Guilherme Derrite en las modificaciones del proyecto

El diputado Guilherme Derrite, representante del Progresistas-SP, jugó un papel clave en la redacción final del proyecto. Propuso definiciones más precisas sobre las organizaciones criminales y los delitos asociados, además de incluir la minería ilegal como agravante. También reguló la progresión de las penas, estableció la obligatoriedad de prisiones federales de máxima seguridad y definió mecanismos para la confiscación de bienes.

Derrite explicó que la internación en prisiones federales busca “interrumpir las comunicaciones ilícitas y reducir el poder de mando desde las cárceles”. Durante la discusión, logró bloquear una enmienda que equiparaba a las facciones con grupos terroristas y estableció la posibilidad de audiencias de custodia por videoconferencia. Estas acciones modificaron la propuesta original, pero sin alterar su objetivo principal: fortalecer la lucha contra el crimen organizado.