Brasil en crisis: Movimiento político impulsa ley de amnistía para Bolsonaro y saqueadores tras juicio por intento de golpe

El debate político en Brasil en medio del proceso judicial contra Bolsonaro

El Tribunal Supremo Federal (STF) continúa con el juicio iniciado el lunes contra el ex presidente Jair Bolsonaro y otras siete personas, entre ellas ex ministros y oficiales militares. Todos están acusados de intentar un golpe de Estado tras los sucesos del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Mientras avanza este proceso legal, en el Congreso brasileño crece una iniciativa política para aprobar una ley de amnistía que beneficiaría tanto a los manifestantes implicados en los saqueos del 8 de enero como a Bolsonaro.

Impulso a la ley de amnistía y apoyo político

Fuentes cercanas a los parlamentarios informan a Infobae que la propuesta avanza rápidamente con la intención de ser aprobada en los próximos días, justo después de la sentencia prevista para el 12 de septiembre. Partidos como Unión Brasil y Progresistas incluso han decidido abandonar la coalición de gobierno para respaldar la iniciativa. La estrategia está coordinada por figuras políticas como Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y ex ministro de Infraestructuras, y el pastor evangélico Silas Malafaia. Además, la propuesta cuenta con el apoyo de líderes del Partido Liberal, de la familia Bolsonaro y de cercanos al ex mandatario, incluyendo a su hijo, diputado Eduardo Bolsonaro.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, ha mencionado que si los números y el clima político son favorables, no podrá impedir la votación. La mayoría simple ya se habría conseguido, y el llamado “centro político” solo está aguardando el momento oportuno para evitar confrontaciones directas con el STF. La discusión más delicada gira en torno al alcance de la ley de amnistía. La facción más radical, encabezada por Eduardo Bolsonaro, aboga por una amnistía “amplia, general e irrestricta”, que podría eximir incluso a Bolsonaro y a quienes lo instigaron, permitiéndole presentarse en las próximas elecciones presidenciales de 2026. Por otro lado, el centro propone una versión más limitada, que incluya condiciones como la retirada formal de Bolsonaro o de otros familiares de futuras candidaturas presidenciales.

Perspectivas en el Senado y tensiones internacionales

En el Senado, las intenciones también parecen favorables a una amnistía, aunque con matices diferentes. El senador Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha declarado que buscará presentar un texto alternativo y promover un voto que refleje una postura diferente a la de los bolsonaristas. Mientras tanto, la tensión interna en Brasil se combina con la presión externa, especialmente de Estados Unidos.

El relator del proceso, Alexandre de Moraes, continúa siendo objeto de críticas por parte de Washington. Tras declarar que “la soberanía no es negociable”, Jason Miller, ex asesor de Donald Trump, respondió en redes sociales que “es bueno que Moraes sepa que Estados Unidos no negocia con terroristas”. Por su parte, el presidente Lula afirmó que el STF “no debe temer a Estados Unidos” y expresó su confianza en que se hará justicia en el caso de Bolsonaro.

En el contexto internacional, surgen advertencias y posibles sanciones contra instituciones financieras brasileñas. CNN Brasil reportó la posible inminencia de sanciones a Banco do Brasil, principal banco estatal del país, del cual, según la prensa, Moraes recibe su salario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. envió una carta a bancos brasileños preguntando sobre las medidas tomadas para cumplir con las sanciones impuestas bajo la ley Magnitsky. Esta ley permite congelar bienes y restringir relaciones financieras con individuos sancionados. El incumplimiento podría acarrear multas y otras sanciones secundarias, generando una mayor tensión en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países.