Brasil enfrenta tensión por aranceles de EE. UU. y juicio a Bolsonaro

El próximo 1 de agosto marcará un día decisivo para Brasil, que enfrenta la amenaza inminente de la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos, anunciados por el expresidente Donald Trump. La tensión crece en el país latinoamericano, donde cada día que pasa aumenta la incertidumbre y la sensación de que ese día podría convertirse en un punto de inflexión, transformándose en un impacto inevitable más que en una amenaza evitable.

En los últimos días, la situación política se ha agravado, especialmente tras la escalada de enfrentamientos entre el expresidente Jair Bolsonaro y el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF). Moraes, que lleva adelante el proceso judicial contra Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado, emitió una serie de medidas que incluyen la prohibición de que Bolsonaro publique en redes sociales y conceda entrevistas. Además, el juez ha señalado que Bolsonaro podría ser considerado responsable por acciones en plataformas de terceros, lo que ha desatado un fuerte debate acerca de la censura y los límites jurídicos del STF.

Las declaraciones de expertos y medios brasileños reflejan una creciente polarización y desconfianza en las decisiones del tribunal. El diario O Estado de São Paulo calificó estas medidas como “un caso escandaloso de censura” y recordó que, en circunstancias similares, incluso expresidentes condenados como Lula no enfrentaron restricciones tan estrictas. La percepción de que el STF actúa con motivaciones políticas solo alimenta la polarización social, además de fortalecer el discurso victimista de Bolsonaro y sus seguidores.

En medio de este clima tenso, las negociaciones con Washington por los aranceles parecen estancadas. El lunes, en una visita a Chile, el presidente Lula calificó la amenaza de guerra arancelaria como un error y criticó duramente las decisiones unilaterales de Trump. Lula admitió que, hoy por hoy, no hay canales diplomáticos directos con EE. UU., ya que no ha habido llamadas ni reuniones oficiales con Trump desde que asumió la presidencia.

El gobierno brasileño y el sector empresarial están presionando para evitar daños mayores. La nación evalúa medidas de emergencia, como la posible creación de líneas de crédito para apoyar a quienes podrían verse afectados por la caída en exportaciones. Brasil también presentó una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), calificando los aranceles de Trump como “arbitrarios” y “caóticos”. Sin embargo, la eficacia de estos recursos es limitada debido a la parálisis del sistema de resolución de disputas de la organización.

El país también contempla secundar medidas de represalia, como las previstas en la Ley de Reciprocidad Económica, que permitiría imponer aranceles similares a productos estadounidenses. La incertidumbre afecta especialmente a sectores clave como la agroindustria, la industria calzado, el petróleo, la energía, la farmacéutica y la aeronáutica, donde se anticipan pérdidas millonarias y el cierre de miles de empleos.

Por otro lado, Brasil intenta diversificar sus mercados, fortaleciendo relaciones con China y promoviendo acuerdos con la Unión Europea y Argentina. La caída en las exportaciones a China en el primer semestre, en un 7,5% respecto al año anterior, refleja los desafíos de la estrategia de diversificación en un contexto de tensiones comerciales.

El sector privado estadounidense también se ha pronunciado. La Cámara de Comercio de EE. UU. solicitó negociaciones para evitar los aranceles, advirtiendo que unas tasas del 50% perjudicarían a miles de pequeñas empresas y elevarían los costos para consumidores y productores. Grandes empresas petroleras, como ExxonMobil y Chevron, también expresaron su preocupación por la incertidumbre en un sector que representa el 17% del PIB industrial brasileño y genera millones de empleos.

Mientras tanto, las negociaciones y acciones legales continúan en un escenario caracterizado por la incertidumbre, la polarización política y la lucha por proteger los intereses económicos de Brasil ante una posible escalada de sanciones y aranceles que podrían tener profundas repercusiones a nivel nacional e internacional.