Bruselas advierte sobre riesgo de dependencia y espionaje en contrato de Huawei por 12,3 millones en España

Controversia por el contrato de gestión digital adjudicado a Huawei en España

El Gobierno de España ha otorgado un contrato por valor de 12,3 millones de euros para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas policiales a la empresa china Huawei. Esta decisión ha generado creciente preocupación en Bruselas y en otros círculos internacionales debido a los posibles riesgos de seguridad asociados con esta firma.

La adjudicación ha sido objeto de debate, ya que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han expresado dudas sobre la seguridad de confiar en proveedores chinos para infraestructuras críticas. La controversia se intensificó tras la respuesta de la comisaria europea Henna Virkkunen, quien advirtió que este tipo de hardware “puede potencialmente crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector sensible”, lo que podría facilitar la injerencia extranjera.

Riesgos y advertencias de la Unión Europea

Virkkunen, responsable de Telecomunicaciones en la Comisión Europea, señaló que, aunque no se han implementado medidas específicas aún, se está revisando la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro en el marco de una futura actualización del reglamento sobre ciberseguridad. La comisaria afirmó que el riesgo es evidente, pero no anunció acciones concretas en ese momento.

El pasado mes, un portavoz de la Comisión Europea había mencionado que Huawei representa riesgos significativamente mayores en comparación con otros proveedores, aunque aclaraba que las decisiones nacionales, como la adjudicación del contrato en España, estaban fuera de su competencia. La institución instó a los países a utilizar su “herramienta 5G”, un paquete de medidas aprobado en 2020 para reducir la dependencia de proveedores considerados de alto riesgo, principalmente chinos.

Posiciones oficiales y respuestas del Gobierno español

Desde el Ministerio del Interior, aseguraron que el sistema OceanStor Dorado, empleado para estas funciones, es un sistema cerrado que no permite accesos externos ni compromete la seguridad. Insisten en que el hardware cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022, y que Huawei no tiene acceso a los datos almacenados, los cuales son propiedad del Estado.

No obstante, la polémica persiste. En declaraciones a Infobae España, un portavoz de Huawei afirmó que todos sus productos en España cumplen con la legislación local y los estándares internacionales, y que no tienen acceso a los datos de los clientes. Aseguró que el hardware de almacenamiento utilizado es de uso común y cumple con las normativas de seguridad vigentes.

Reacción internacional y consideraciones adicionales

En Estados Unidos, las autoridades han sido particularmente firmes. Algunos congresistas solicitaron al presidente Pedro Sánchez que reconsiderara la adjudicación, argumentando que confiar en una empresa bajo sospecha de espionaje representa un riesgo para la seguridad nacional. La postura estadounidense ha sido clara en exigir la revisión o cancelación de contratos con proveedores chinos en infraestructuras críticas.

En conclusión, la decisión del Gobierno español de contratar a Huawei para gestionar datos sensibles continúa generando dudas y discusiones a nivel internacional. La UE y otros actores expresan su preocupación por los posibles riesgos, mientras que las autoridades nacionales defienden la legalidad y seguridad de la misma, asegurando que cumplen con todos los requisitos regulatorios.