¡CaixaBank despide a directora por 170 consultas sin justificación! Escándalo de abuso de confianza en plena ética bancaria

El fallo judicial favorece a CaixaBank tras despido por consultas no justificadas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha respaldado a CaixaBank en un caso que ha generado revuelo en el sector financiero. La justicia declaró procedente el despido disciplinario de una directora de oficina acusada de realizar hasta 170 consultas a clientes sin ninguna justificación profesional. La empleada, que afirmaba que sus acciones se debían a «copucheo», fue despedida en 2023 tras una auditoría interna que evidenció conductas irregulares.

La directora, quien además era la única empleada de una pequeña oficina en un pueblo catalán, participó en diversos cursos de formación, entre ellos sobre ética y confidencialidad de datos. Sin embargo, su comportamiento fue considerado una violación a las políticas de confidencialidad y buena fe contractual. La información confidencial de clientes, supuestamente, solo debía consultarse para gestiones comerciales legítimas, pero la trabajadora no pudo explicar muchas de las consultas realizadas.

Auditoría y acusaciones

En noviembre de 2023, CaixaBank llevó a cabo una auditoría tras detectar consultas sin justificación a datos bancarios de clientes. La empleada admitió que algunos clientes le solicitaron información mediante mensajes o llamadas a su móvil personal, pero no pudo justificar muchas de esas solicitudes. Afirmó que actuaba por curiosidad, sin buscar datos específicos y sin estar a petición de los clientes.

El informe reveló que, en un período comprendido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, la directora realizó consultas no autorizadas a 170 clientes diferentes en un total de 210 días. De estos, 84 eran familiares o personas cercanas a ella, y 38 estaban relacionadas con su entorno personal. Estos hechos llevaron a la institución a despedirla con efectos inmediatos en enero de 2024.

Respuesta legal y apelaciones

La empleada presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social N°1 de Figueres, que rechazó su reclamación y confirmó la procedencia del despido. La trabajadora, no conforme, apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, argumentando que la carta de despido era ambigua y que los hechos ya habían prescrito. Sin embargo, el tribunal concluyó que la comunicación cumplía con los requisitos necesarios para garantizar su defensa y que el plazo de prescripción comienza cuando la empresa tiene conocimiento pleno de los hechos.

Asimismo, la trabajadora intentó argumentar que su trayectoria profesional de 23 años justificaba la desproporcionalidad del despido y que no había cometido fraude ni abuso de confianza. La justicia, sin embargo, consideró que estos argumentos no eran suficientes para anular la decisión de la empresa.

Este caso pone en evidencia la importancia de mantener estrictas políticas de confidencialidad en las instituciones financieras y la necesidad de actuar con rigor ante conductas que puedan poner en riesgo la confianza de los clientes y la integridad de la organización.

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