Caso Ícaro: Nueva investigación contra Juan José Santiváñez por presunta red criminal

## Operativo de la Fiscalía en varias propiedades vinculadas a la investigación

Este miércoles, las autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos en varias propiedades en el marco de la operación Ícaro. La vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en San Borja, no fue la única en ser registrada. En total, se ejecutaron diligencias en diez inmuebles y cinco oficinas, con el objetivo de recopilar evidencias y obtener información para una investigación que apunta a la presunta existencia de una organización criminal liderada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

## Acusaciones contra Juan José Santiváñez y supuestos delitos

Según la Fiscalía, Santiváñez habría utilizado su influencia en el Ministerio del Interior para beneficiar a ciertos clientes a cambio de pagos. La acusación señala que habría favorecido a particulares mediante la modificación de términos de referencia en la Defensoría de la Policía del Mininter, además de cobrar sobornos para asegurar la permanencia de generales en sus cargos. También se le imputa un presunto favorecimiento ilícito a la minera El Dorado.

El Ministerio Público indica que Santiváñez habría coordinado con otros personajes clave, como Percy Tenorio, para facilitar acciones en beneficio de intereses privados. Entre los hechos más relevantes, se señala que la oficina de Tenorio fue utilizada para ocultar objetos y documentos ante posibles allanamientos judiciales.

## Implicaciones en el caso de la mina El Dorado y las conexiones con personajes públicos

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, las diligencias también incluyeron la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho y la oficina de Percy Tenorio, quien es socio de Santiváñez y figura como uno de los personajes más influyentes en esta supuesta red criminal. La Fiscalía sostiene que Tenorio habría recibido apoyo de Santiváñez para gestionar la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, durante el gobierno de Manuel Merino.

Se señala que, a cambio de estos favores, Tenorio habría utilizado su oficina como un espacio para esconder objetos personales y documentos relevantes, en caso de futuros allanamientos. La investigación también apunta a la minera El Dorado, propietaria de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho, y a reuniones que supuestamente tuvieron lugar en la oficina de Tenorio con Franco Parodi, representante de la compañía.

## Pagos y supuestos sobornos relacionados con la mina El Dorado

Según la Fiscalía, se habrían pactado dos pagos para facilitar operaciones encubiertas. El primero, de USD 60 mil, correspondería a una inspección preliminar realizada entre agosto y septiembre de 2024. El segundo, de USD 100 mil, sería para llevar a cabo un operativo en diciembre del mismo año. En total, la supuesta suma de soborno sería de USD 160 mil.

Se afirma que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor en relación con la mina El Dorado. Sin embargo, la defensa de Nicanor Boluarte ha asegurado que él no tiene conocimiento ni relación con Santiváñez ni con Percy Tenorio.

## Reacciones y declaraciones de los involucrados

El abogado de Nicanor Boluarte calificó los allanamientos como un «abuso» por parte de la Fiscalía, considerando que no existen pruebas que vinculen a su cliente con los hechos investigados. Por su parte, la fiscalía continúa con las diligencias, que buscan esclarecer las presuntas irregularidades en las gestiones relacionadas con la mina y las conexiones entre los personajes públicos y privados implicados.