Caso Kilmar Abrego García: Cruelidad y polémica en la política migratoria de EE.UU. bajo Trump

El caso de Kilmar Abrego García, un símbolo en la política migratoria de EE.UU.

El caso de Kilmar Abrego García continúa siendo un punto de tensión en la dura postura del gobierno estadounidense contra la inmigración. Las autoridades migratorias en Estados Unidos han anunciado su intención de deportar a Abrego García a Uganda, según documentación judicial, en lo que su equipo legal denuncia como un acto de «vengeancia» por parte de la administración del expresidente Donald Trump.

Este plan surge después de que Abrego García rechazara una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en prisión y aceptar cargos por tráfico de personas. El hombre, que ha declarado su inocencia, solicitó al juez que desestimara los cargos, argumentando que el proceso busca castigarlo por desafiar su deportación desde EE.UU. a El Salvador en meses recientes.

Su situación ha puesto en jaque la política migratoria del gobierno, especialmente tras su deportación equivocada en marzo pasado. En un fallo judicial, las autoridades estadounidenses lo reimportaron en junio para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de personas, después de que un tribunal ordenara su regreso.

¿Devolverlo a Uganda? La controversia y las acusaciones

El jueves por la noche, tras la posible liberación de Abrego García en Tennessee, las autoridades le ofrecieron la opción de ser deportado a Costa Rica, país que había garantizado aceptarlo. Sin embargo, horas después, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados que sería enviado a Uganda, y que debía presentarse en las oficinas de inmigración en Baltimore el lunes siguiente.

Los abogados de Abrego García denunciaron que la respuesta del gobierno fue de «indignación», ya que, pese a las garantías previas, la administración migratoria cambió abruptamente su decisión. En el informe judicial, se acusa a funcionarios estadounidenses de «forzar» a su cliente a elegir entre declarar culpable y asegurar un destino seguro, o ser entregado a Uganda, donde su integridad y libertad estarían en peligro.

La petición de mantenerlo en libertad fue argumentada por temor a una posible deportación inmediata, aunque una resolución judicial reciente en Maryland ha establecido que debe tener tiempo para presentar una defensa adecuada.

Cuestionamientos sobre el debido proceso y contexto legal

Abrego García residía en EE.UU. desde 2019, con un estatus legal protegido, ya que un juez dictaminó que no debía ser deportado por riesgo a su seguridad en su país de origen. Sin embargo, fue enviado a la cárcel y posteriormente deportado a El Salvador en un error administrativo admitido por el Departamento de Justicia.

El inmigrante, que niega cualquier delito, enfrenta ahora cargos por presunto tráfico de inmigrantes desde países centroamericanos hacia EE.UU. entre 2016 y principios de 2025, con juicio programado para enero de 2027. La comunidad legal y defensores de derechos humanos critican el proceso, señalando que las acciones del gobierno parecen motivadas por una postura vengativa.

El abogado y experto en inmigración, Aaron Reichlin-Melnick, afirmó en redes sociales que «independientemente de lo que se piense sobre Abrego García, si se defiende el debido proceso, esto debería indignar a todos». La postura del gobierno ha sido defendida por la administración Trump, que prometió ejecutar la «mayor operación de deportación» en la historia del país, aunque con críticas internacionales por los riesgos a los derechos humanos y la seguridad de quienes son enviados a terceros países, como Sudán del Sur y Uganda.

Este caso refleja las tensiones y controversias que rodean las políticas migratorias de EE.UU., en un contexto donde los derechos de los inmigrantes y las garantías legales son puestos en duda por decisiones que parecen más motivadas por una estrategia punitiva que por un respeto a la ley.