Chile avanza en secreto con el cable submarino China-Asia que amenaza su soberanía digital

Chile avanza en proyecto de infraestructura digital con China: riesgos para la soberanía de datos en la región

Chile está desarrollando de manera discreta un proyecto de infraestructura digital que podría tener profundas implicaciones para la soberanía de datos en América Latina. Se trata del llamado “Chile–China Express”, un cable submarino propuesto para conectar las costas chilenas con Hong Kong. Aunque en apariencia parece un simple avance en las telecomunicaciones, en realidad este proyecto se distingue por su alta opacidad y los riesgos asociados a la legislación china en materia de seguridad cibernética y espionaje.

El plan ha generado preocupación, ya que cualquier país que interconecte sus redes con este tendido quedaría expuesto a las obligaciones de las empresas chinas con Pekín. La discusión trasciende las fronteras chilenas, ya que la interconexión de redes internacionales con infraestructura china podría facilitar la vigilancia y el control de datos a nivel regional. La falta de transparencia en los detalles del proyecto aumenta la inquietud acerca de sus verdaderas intenciones y consecuencias.

¿Por qué Chile necesita otro cable cuando ya existe el proyecto Humboldt?

La duda principal es por qué Chile considera necesario un nuevo cable transpacífico cuando ya está en marcha el Humboldt. Este último, desarrollado por Google en colaboración con la estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de Polinesia Francesa, conecta Valparaíso con Sídney, pasando por Tahití. Con un cronograma y socios claramente definidos, el proyecto Humboldt es transparente y de carácter público.

En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS. Sin embargo, la información sobre su financiamiento, socios y contratos es escasa y poco clara. La falta de una convocatoria abierta y la opacidad en la gestión generan serias dudas sobre la legitimidad y seguridad del proyecto.

Implicaciones de depender de infraestructura controlada por China

El problema central es que este cable no sería un simple canal de comunicación, sino un elemento que coloca a China en una posición de control sobre nodos estratégicos de transmisión. Desde 2017, la Ley de Ciberseguridad China obliga a empresas y ciudadanos a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado. La normativa impone requisitos de almacenamiento local, auditorías y transferencia de datos, especialmente en infraestructura crítica.

Por su parte, la Ley de Inteligencia Nacional exige a todas las empresas, tanto dentro como fuera de China, colaborar con las actividades de inteligencia del régimen. Esto implica que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas podrían ser entregados a Pekín sin que usuarios ni países afectados puedan evitarlo.

Consecuencias para países latinoamericanos y la región

En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Países vecinos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador podrían tener parte de su tráfico digital enrutado a través del cable Chile–China Express. La naturaleza transnacional de estos cables hace que el proyecto tenga un impacto regional, ya que la infraestructura digital de toda la región podría estar en manos de intereses chinos.

Este escenario remite a casos anteriores, como el endeudamiento de Ecuador con China, que influyó en los flujos de petróleo y en decisiones políticas. Estudios como los de AidData han revelado que muchos contratos de deuda con China contienen cláusulas de confidencialidad y condiciones poco transparentes, lo que dificulta un control público y una evaluación clara de los riesgos asociados.

El secretismo en los acuerdos con China y sus riesgos

La opacidad en estos proyectos no es nueva. La documentación de préstamos chinos a países latinoamericanos revela cláusulas de confidencialidad que limitan la transparencia. En Ecuador, por ejemplo, los préstamos estaban respaldados en entregas de crudo y contenían condiciones que dificultaban su seguimiento público, todo en un marco de política exterior basada en el secretismo para proteger los intereses chinos.

La posible dependencia de infraestructura controlada por China representa un riesgo para la seguridad y soberanía digital de toda la región. La necesidad de una mayor transparencia y análisis crítico de estos proyectos es urgente, ante la creciente influencia de China en América Latina y su impacto en la seguridad cibernética regional.