Chinalco avanza con explosivos en Morococha: últimos habitantes de Toromocho enfrentan desalojo inminente

Morococha, un distrito ubicado en la provincia de Yauli, en la región Junín, enfrenta uno de los procesos de desplazamiento forzado más largos y conflictivos de Perú en la actualidad. Desde hace años, varias familias luchan por mantener sus hogares ante la presión de la minera china Chinalco, que busca desalojarlos mediante una orden judicial que aún no se ha ejecutado por completo.

Chinalco, conocida formalmente como la Corporación de Aluminio de China, es una de las principales empresas estatales del gigante asiático. Es la mayor productora de alúmina y aluminio primario en Perú y forma parte de un holding dedicado a la industria de metales no ferrosos, bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC). La compañía administra varias subsidiarias encargadas de operaciones industriales en el país, siendo responsable de importantes proyectos mineros, como el de la mina Toromocho en Morococha.

El conflicto en esta región tiene raíces en un proceso de reasentamiento que comenzó hace más de una década, cuando el Estado peruano declaró a Morococha como una “zona de riesgo no mitigable” debido a la minería a tajo abierto. Sin embargo, la ejecución de este plan nunca culminó, dejando a decenas de familias en condiciones de vulnerabilidad extrema. Actualmente, sobreviven sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o atención sanitaria adecuada.

Las denuncias de los residentes son graves. Aseguran que Chinalco destruyó viviendas, bloqueó accesos y realiza explosiones a escasa distancia de las viviendas, incrementando el riesgo de accidentes y poniendo en peligro la vida de quienes permanecen en el lugar. La falta de intervención por parte del Estado para proteger sus derechos y garantizar un reasentamiento digno agrava aún más la situación.

El problema se ha intensificado con la reciente aprobación, por parte del Juzgado Mixto de La Oroya, de una medida cautelar que ordena el desalojo anticipado de las familias. La resolución fue emitida sin una sentencia definitiva y sin propuestas concretas para su reubicación, violando la Ley N.º 29869, que obliga a garantizar un reasentamiento adecuado en zonas de riesgo no mitigable.

Por si fuera poco, la “nueva Morococha”, un asentamiento urbanístico promovido por Chinalco para alojar a los desplazados, presenta niveles peligrosos de arsénico y plomo en el suelo, según un estudio de impacto ambiental de 2009. La información sobre estos contaminantes no fue comunicada oportunamente a las familias, quienes ahora enfrentan riesgos para su salud, evidenciado en análisis que detectaron metales pesados en la sangre de niños y adultos.

A esto se suma que el traslado del campamento minero prometido por la empresa aún no se ha materializado, generando incertidumbre y sensación de abandono en la comunidad. La falta de respuestas oficiales y la amenaza de desalojo inminente movilizaron a las familias y sus representantes, quienes planean presentar un recurso de oposición y realizar una conferencia de prensa en La Oroya para denunciar la situación.

El 8 de agosto, las familias y representantes de Morococha acudirán a la vía judicial para frenar la orden de desalojo y exigir que el Estado garantice sus derechos humanos y territoriales. La comunidad reafirma su rechazo al despojo y reclama soluciones justas y dignas, que respeten su integridad y su derecho a permanecer en sus tierras.

Este conflicto revela la tensión entre la expansión minera y la protección de los derechos de las comunidades locales, quienes buscan mantener su dignidad frente a un proceso que, hasta ahora, ha sido marcado por la negligencia y la omisión estatal. La lucha de Morococha continúa como símbolo de resistencia frente a la imposición de intereses económicos en territorios habitados por quienes exigen justicia y respeto.