Científicos y pescadores unen fuerzas para frenar la pesca industrial en Áreas Protegidas; tribunales deciden el futuro

La Corte Superior de Lima decidirá en breve el destino de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y otras áreas marinas protegidas en Perú. La resolución que tomen los magistrados Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara, Andrés Fortunato Tapia Gonzales y Bacilio Luciano Cueva Chauca tendrá implicaciones directas no solo para estas reservas, sino también para el futuro de otras áreas vulnerables como Paracas y el Mar Tropical de Grau.

Recientemente, científicos y pescadores artesanales de todo el litoral peruano unieron fuerzas en una alianza sin precedentes para exigir la continuidad de la prohibición de la pesca industrial en estas zonas protegidas. Ambos sectores coinciden en que la apertura a la pesca industrial en estas áreas socava los esfuerzos de conservación y fragmenta los hábitats marinos, poniendo en riesgo especies vulnerables como tortugas, mamíferos marinos y aves marinas.

El foco de la controversia radica en la interpretación de los “derechos adquiridos”: mientras el gobierno sostiene que los permisos de pesca son derechos inalienables de la industria, los defensores del medio ambiente consideran que estas autorizaciones son permisos administrativos que deben estar sujetos a regulaciones para proteger los recursos naturales. La propuesta de zonificación vertical, que permite la pesca en los primeros 1,000 metros de profundidad, ha sido calificada como un “despropósito” por su impacto negativo en especies en peligro.

La comunidad científica ha presentado un memorial respaldado por expertos nacionales e internacionales, argumentando que la actividad pesquera en estos espacios contraviene los principios de conservación y vulnera los compromisos internacionales del Perú en materia ambiental. La evidencia científica señala que el océano es un ecosistema tridimensional, por lo que proteger solo la superficie o el fondo marino resulta insuficiente para garantizar su salud integral.

Por otro lado, los pescadores artesanales defienden la importancia de las reservas naturales como “semilleros” que permiten el crecimiento y desplazamiento de los peces, beneficiando la pesca en toda la región. La posible apertura a la pesca industrial en estas zonas podría poner en riesgo la sostenibilidad de sus actividades y el bienestar de miles de familias que dependen de la pesca artesanal.

El caso ha adquirido un mayor interés por la participación de los jueces, especialmente del presidente de la sala, Oswaldo Ordoñez, reconocido por su experiencia y liderazgo en la justicia peruana. La decisión judicial podría sentar un precedente que afecte también a otras reservas, como Paracas, donde la Sociedad Nacional de Pesquería ha intentado obtener permisos similares.

La tensión entre conservación y economía se ha intensificado con la alarmante caída en la población de aves guaneras, que según un informe de Reuters, ha pasado de 4 millones en 2022 a apenas 500.000 en 2025. Esta disminución drástica, atribuida a una serie de factores como la gripe aviar, El Niño y la sobrepesca, representa un golpe duro para la biodiversidad marina y la economía basada en la producción de guano.

Expertos como Susana Cárdenas, de la Universidad Cayetano Heredia, advierten que esta crisis ecológica pone en riesgo no solo especies emblemáticas, sino también la economía del fertilizante natural que sustenta la agricultura peruana. La comunidad científica y ambientalista insiste en que la justicia debe alinearse con la protección del medio ambiente, la ciencia y el sentido común para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.