Comisión Permanente aprueba procesar a Martín Vizcarra por designación de Daniel Soria

## Aprobación de la acusación constitucional contra Martín Vizcarra

La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este lunes la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. La denuncia se basa en el presunto nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado en 2020, mediante la Resolución Suprema 017-2020-JUS. La acusación también cuestiona si se cumplieron los requisitos legales para dicha designación.

## Detalles del proceso y cargos imputados

La Fiscalía de la Nación formalizó la denuncia contra Vizcarra Cornejo por los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, previstos en el Código Penal peruano. En este proceso también fue incluido Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, la acusación constitucional en su contra perdió vigencia en febrero pasado, debido al vencimiento de los plazos establecidos, como explicó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

## La sesión y decisiones tomadas

Durante la sesión, Vizcarra fue notificado formalmente para ejercer su derecho a la defensa, pero no presentó ningún argumento. Su ausencia fue calificada como “injustificada” según el informe final. De los 19 miembros presentes, 15 votaron a favor de la acusación, 3 en contra y una abstención. La propuesta, sustentada por Camones, del partido Alianza para el Progreso, será próximamente sometida a votación en el pleno del Congreso, que tiene la última palabra sobre su aprobación.

## Recomendaciones y antecedentes del caso

El informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sostiene que Daniel Soria no acreditó la trayectoria profesional requerida para el cargo de procurador general del Estado al momento de su nombramiento. La denuncia, denominada Denuncia Constitucional 424, fue presentada por Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación. La fiscalía afirma que la designación se realizó pese a que el abogado no cumplía con los requisitos legales establecidos.

## Historial de acusaciones contra Vizcarra

Este es el cuarto proceso formal que enfrenta el expresidente desde su salida del cargo. En junio de 2025, el Congreso le impuso una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos, tras la disolución del Parlamento en 2019. Anteriormente, en abril de 2021, fue inhabilitado por igual período por el caso “VacunaGate”, y en mayo de 2022 recibió una sanción de cinco años por mantener vínculos con empresas privadas mientras era ministro de Transportes.

## Impacto en la agenda política y futuras acciones judiciales

El avance de la acusación contra Vizcarra y la exclusión de Ana Revilla mantienen vigente en la agenda política la discusión sobre la independencia en la designación de altos cargos y el cumplimiento de los procedimientos administrativos. La Fiscalía de la Nación debe formalizar la comunicación respecto al vencimiento del plazo constitucional en el caso de Revilla, un paso que ya fue anticipado por la presidenta de la Subcomisión ante la Comisión Permanente.

El pleno del Congreso será quien decida si la investigación contra el exmandatario continúa hacia nuevas etapas judiciales. Mientras tanto, el debate sobre responsabilidades políticas y legales en el nivel estatal sigue vigente. Hasta el cierre de esta edición, Vizcarra no ha emitido declaraciones públicas sobre el desarrollo del proceso.