Conflicto por patrimonio del testigo clave en el caso Sada Goray: préstamos y demandas

## Fallece Martín Montoya Marcilla y desata una batalla legal

La muerte de Martín Montoya Marcilla, empresario vinculado a uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años, ha generado una profunda repercusión en el ámbito judicial y financiero. Montoya, cuyo fallecimiento fue reportado recientemente, dejó tras de sí una compleja disputa legal y económica por su patrimonio. Su padre, el general en retiro Luis Montoya Villanueva, lidera actualmente la pugna por los bienes del fallecido, quien fue un actor central —y para algunos, un testigo clave— en el caso Marka Group y las operaciones relacionadas con Sada Goray.

## Conexiones con el caso Marka Group y las investigaciones penales

El portal Punto Final informó que la relación entre los Montoya y Sada Goray se estableció a través de diversas operaciones comerciales y préstamos, los cuales terminaron siendo objeto de investigaciones penales relacionadas con el entorno del expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía ha documentado que Martín Montoya prestó más de un millón de soles a Goray, una suma que, presuntamente, terminó en sobornos dirigidos a funcionarios públicos. Aunque Montoya nunca fue formalmente investigado por delitos, su nombre se vinculó directamente con el flujo de dinero en el esquema, mientras su familia sostiene que dichas transacciones respondían exclusivamente a negocios legales.

## La defensa de la familia y el impacto en Grupo Palante

El padre del fallecido afirmó que el préstamo otorgado a Goray tenía como único objetivo facilitar operaciones empresariales y que en ningún momento se tuvo conocimiento de maniobras ilícitas. «El dolo es individual, usted cree que la señora Goray le iba a indicar para qué iba a usar el dinero… Martín no sabía», declaró. Sin embargo, el escándalo provocó una crisis interna en Grupo Palante, donde Montoya poseía el 42% de las acciones, valoradas en más de 24 millones de dólares. La presión mediática y las investigaciones penales motivaron a la administración de la empresa —liderada por el socio ecuatoriano Sebastián Crespo Herrera— a iniciar un proceso para excluir a Montoya, argumentando que su cercanía con el caso Goray dañaba la reputación del grupo.

## La exclusión y los reclamos sobre el patrimonio

La familia de Martín Montoya denuncia que la exclusión de sus acciones en Grupo Palante se realizó mediante presiones y sin respetar las condiciones pactadas para el pago y transferencia de las mismas. Según su versión, Montoya solicitó que, al menos, su participación pasara a manos de su padre, petición que no fue atendida. Por su parte, el abogado de Palante, Alexander Bazán, afirmó que la medida se tomó conforme a la ley, que Montoya estaba informado de la situación y que el pago quedó judicializado por la falta de acuerdo entre las partes.

Entre las operaciones pendientes de saldar, se encuentra la venta de un terreno de 600 hectáreas por parte de Montoya a Crespo, realizada mediante un cheque que nunca fue cobrado. La familia Montoya denuncia que nunca recuperó ni el bien ni los fondos asociados. Además, uno de los puntos de conflicto son transferencias cercanas a los 14 millones de dólares en 2020, cuando Luis Montoya aportó recursos para incrementar la participación accionaria de su hijo en Palante. La familia asegura que 4 millones de dólares aún no han sido reconocidos ni por la cooperativa Pacífico ni por el grupo empresarial.

## La investigación en curso y el monto en disputa

Estas operaciones y reclamos han derivado en una investigación fiscal que involucra a Crespo, altos directivos y la entidad financiera, bajo acusaciones que incluyen organización criminal, lavado de activos, apropiación ilícita y fraude. La pesquisa continúa abierta y ha sumado nuevas denuncias relacionadas con negocios no concretados y discrepancias en las versiones sobre la gestión patrimonial y societaria.

El monto total en disputa supera los 35 millones de dólares en activos y transferencias, generando interrogantes sobre el origen y destino de estos recursos. La investigación apunta a esclarecer el entramado financiero y las posibles implicaciones ilícitas en torno a los movimientos económicos de Montoya y su entorno.