Durante el primer día del CADE Ejecutivos 2025, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue invitado para expresar sus ideas respecto a la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia en Perú. Su intervención estuvo dirigida a empresarios de todo el país, abordando la problemática de la inseguridad ciudadana y las posibles soluciones.

Rospigliosi advirtió que la inseguridad en el país ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones existentes. Por ello, solicitó realizar cambios profundos en el sistema judicial para hacer frente a esta crisis.

El congresista de Fuerza Popular criticó duramente a las instituciones encargadas de la justicia, señalando que tanto el sistema judicial como la Fiscalía de la Nación presentan deficiencias que, en lugar de resolver el problema, lo agravan. En sus palabras: “Tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas”.

Propuestas para una reforma radical

Rospigliosi enfatizó que la inseguridad requiere soluciones fuera del marco habitual. “Para resolver los problemas de seguridad ciudadana, hoy en Perú se necesitan soluciones radicales”, afirmó. Considera que los métodos tradicionales no son suficientes para enfrentar un problema que ha rebasado la capacidad de las instituciones.

Su postura coincide con la de Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, quien en una entrevista expresó que una reforma judicial podría formar parte del plan de gobierno del partido.

Torres afirmó que, más allá de consideraciones políticas, la prioridad debe ser la persecución efectiva del delito, con un enfoque en la protección del ciudadano y la lucha contra quienes amenazan la tranquilidad del país.

Reforma estructural del sistema judicial

Durante su participación, Rospigliosi propuso una reforma profunda del sistema judicial como condición indispensable para combatir la delincuencia. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de remover un porcentaje significativo de magistrados para renovar órganos clave y establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.

Además, calificó el proceso como una “limpieza” del sistema judicial, argumentando que el esquema actual favorece la impunidad y obstaculiza la lucha contra el crimen organizado.

Fortalecimiento de la Policía Nacional y el sistema penitenciario

Uno de los pilares de su propuesta es el reforzamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). Rospigliosi solicitó una política anticorrupción específica para la institución, con filtros más estrictos para su ingreso, capacitación de calidad, infraestructura adecuada y una gestión eficiente de recursos.

Respecto al sistema penitenciario, describió condiciones de hacinamiento, escasez de agentes y bajos salarios, que alimentan la corrupción carcelaria. Propuso construir nuevas cárceles y adoptar medidas transitorias para aliviar la sobrepoblación, además de mejorar la vigilancia y ofrecer mejores salarios al personal penitenciario.

En síntesis, Rospigliosi aboga por una transformación integral del sistema judicial peruano, considerando que solo mediante cambios profundos y estructurales será posible enfrentar eficazmente la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía.