Congreso analiza hoy informe que propone inhabilitar a Pedro Castillo y Delia Espinoza por 10 años

Congreso debate inhabilitación y sanciones contra exfuncionarios

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este miércoles 3 de diciembre el informe final que propone inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, y a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, actualmente suspendida.

Como se recuerda, en la sesión del pasado 25 de noviembre, la Comisión Permanente de este poder del Estado aprobó por amplia mayoría dicho informe acusatorio. La ratificación definitiva del documento podrá realizarse con un mínimo de 66 votos, según lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Caso ‘Golpe de Estado’: Expresidente Pedro Castillo enfrenta una condena de 11 años de prisión

El 27 de noviembre pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció el adelanto de la sentencia en el marco del caso ‘Golpe de Estado’. En esta resolución, condenaron a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para una rebelión.

Además, se ordenó el pago de una reparación civil solidaria de S/ 12 millones por concepto de daño extra patrimonial en perjuicio del Estado. La condena también afecta a otros tres implicados: Betssy Chvez, Ánibal Torres y Willy Huerta Olivas.

Por este mismo caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso inició el debate sobre las denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Alejandro Cavero y Ángel Muante. Estas denuncias han sido declaradas viables para continuar su trámite parlamentario, acercándose a su etapa decisiva.

Inhabilitación a la fiscal suspendida: un paso más en su proceso

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó su informe final que recomienda la inhabilitación de Delia Espinoza Valenzuela para ejercer cargos públicos durante 10 años. La propuesta se basa en presuntas infracciones a los numerales 1 y 4 del artículo 159, así como a los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.

En relación al caso específico que busca inhabilitarla del sector público, la abogada de Espinoza afirmó que ella no participó en la elaboración del reglamento que presuntamente viola la Ley 32130, ni dicha norma fue emitida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Además, indicó que la Secretaría de la JFS presentó un informe en el que se deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.

Desde el grupo parlamentario, se sostiene que la ley y su reglamento han generado la comisión de delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación al delito de usurpación de funciones policiales. Esto, tras la emisión de la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre de 2024, que modifica el Código Procesal Penal mediante el Decreto Legislativo 957, con el fin de fortalecer la investigación del delito y agilizar los procesos judiciales en el país.

Frente a la posibilidad de quedar fuera del sector público, Espinoza sugirió que el procedimiento parlamentario podría responder a una revancha política.