Congreso analiza ley para eximir a policías y militares por muertes en protestas

Propuesta de ley busca eximir de responsabilidad penal a efectivos policiales y militares en Perú

El congresista Fernando Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular y actual presidente del Parlamento, ha presentado un proyecto de ley que propone modificar el artículo 20 del Código Penal. La iniciativa tiene como objetivo eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que actúen en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Detalles de la propuesta

Según el texto, la norma aplicaría a los efectivos que, en el uso reglamentario de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o fallecimientos mientras protegen bienes públicos, privados o la integridad física de las personas. La iniciativa busca ofrecer un marco legal de respaldo a las fuerzas del orden en contextos de alto riesgo, como manifestaciones o situaciones de alteración del orden público.

Modificación en materia de reparación civil

El proyecto también contempla un cambio en el artículo 92 del Código Penal, estableciendo que no corresponderá el pago de reparación civil a quienes sean exentos de responsabilidad penal según los numerales previstos en la norma.

En este sentido, la reparación civil solo se aplicará a quienes hayan sido condenados penalmente, quedando exentos aquellos que sean declarados en situación de exoneración por actuar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Con esta modificación, se busca evitar procesos judiciales y sanciones económicas a los efectivos que, en el ejercicio de sus funciones de seguridad, hayan hecho un uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado o de terceros.

Aplicación retroactiva y contexto de las protestas

El proyecto incluye una Disposición Complementaria Transitoria que establece su aplicación retroactiva, beneficiando a agentes denunciados o procesados por hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2022 y 2023.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde al contexto de violencia y enfrentamientos que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como jefa de Estado. Durante ese período, se registraron ataques a infraestructura pública, bloqueos de vías y agresiones a efectivos policiales y militares.

El documento también cita informes de la Defensoría del Pueblo, que documentaron 48 fallecidos y decenas de heridos en el marco de las protestas. Además, se reportaron procesos judiciales abiertos contra más de 280 policías y 47 militares. La propuesta ahora será sometida a evaluación por las comisiones correspondientes del Congreso antes de su posible debate en el Pleno.