Congreso aprueba ampliar a 15 días la detención policial por sicariato y extorsión

Congreso aprueba ampliar el período de detención policial en casos de sicariato y extorsión

En su sesión ordinaria realizada este martes 4 de noviembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó, por mayoría, un dictamen que propone ampliar el período de detención policial cuando el imputado esté vinculado a delitos de sicariato y extorsión.

La decisión contó con 20 votos a favor y dos abstenciones. La propuesta fue presentada por el grupo de trabajo que preside el parlamentario Arturo Alegra García (Fuerza Popular). La iniciativa establece que el tiempo de permanencia de los acusados a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en estos casos, pase de dos a quince días.

Detalles de la reforma constitucional

Según lo aprobado, se modifican el numeral 5 y el literal «f» del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. La finalidad de estos cambios es fortalecer la labor de las fuerzas del orden y brindarles mayor tiempo para coordinar con mayor eficacia con el Ministerio Público, así como para realizar investigaciones conjuntas.

Además, la reforma establece que nadie puede ser detenido salvo por mandamiento escrito y motivado de un juez o en caso de flagrante delito. La detención no podrá exceder el máximo de 48 horas, o en su defecto, el plazo establecido por la distancia de traslado, tras el cual el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado.

«Estos plazos no se aplican en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato ni en delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales podrán efectuar una detención preventiva por un período no mayor a 15 días naturales. La autoridad debe informar al Poder Judicial y al Ministerio Público, quienes pueden asumir jurisdicción antes de la expiración de dicho plazo», señala la resolución aprobada.

Beneficios para las instituciones de seguridad y justicia

La reforma permitirá a la Policía Nacional contar con un plazo mayor para realizar investigaciones en casos de extorsión y sicariato. Además, se habilitará el levantamiento del secreto bancario para investigar las ramificaciones financieras de la criminalidad, lo que facilitará acciones para reducir la impunidad.

Por su parte, la Fiscalía tendrá un mayor margen de tiempo para efectuar investigaciones y diligencias que contribuyan al esclarecimiento de los delitos. El Poder Judicial podrá contar con información más completa para resolver las denuncias penales, fortaleciendo la coordinación con la Policía y el Ministerio Público.

Es importante señalar que, al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, la iniciativa requiere ser aprobada en dos votaciones consecutivas en diferentes legislaturas. Por ello, la aprobación definitiva se estima para julio de 2026.

Finalmente, el titular de la Comisión afirmó que lo aprobado está en línea con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y expertos internacionales.