Congreso peruano reduce esfuerzos contra crimen organizado, denuncia Human Rights Watch

Informe de HRW denuncia la crisis de seguridad y la influencia del Congreso en Perú

Perú atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por un aumento alarmante en la violencia y las actividades delictivas organizadas. Entre 2018 y 2024, los homicidios crecieron en un 137 %, mientras que en el mismo período los casos de extorsión aumentaron un 370 %, especialmente entre 2021 y 2023. Además, la explotación de oro ilegal ha alcanzado cifras récord, convirtiéndose en el principal método de lavado de dinero en el país.

Pero el problema va más allá de lo policial y criminal. Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) señala que la crisis también tiene una dimensión política relacionada con la actuación del Congreso de la República. Según el documento, más de la mitad de los legisladores están bajo investigación por delitos como corrupción, en un contexto donde las acusaciones políticas parecen haberse convertido en una herramienta para alimentarse la inestabilidad institucional.

El informe advierte que en los últimos años, el Congreso ha aprobado leyes que dificultan el trabajo de fiscales y fuerzas policiales. Entre las medidas más controvertidas está la reducción de los plazos de prescripción en delitos de corrupción, que desde mayo de 2023 se fijaron en solo un año. Esto ha provocado la desestimación de varios procesos judiciales, incluso investigaciones contra altos funcionarios, como expresidentes del Congreso.

Otras reformas han limitado la colaboración de testigos y su protección, al exigir grabaciones en video de sus declaraciones, lo que desincentiva la cooperación en investigaciones. En julio de 2024, además, se estableció que en los allanamientos deben estar presentes abogados defensores, lo que puede facilitar la manipulación de pruebas. Una nueva disposición prohíbe la confiscación de bienes hasta que exista una condena firme, dificultando la recuperación de fondos ilícitos.

La aprobación de leyes contra el crimen organizado también ha obstaculizado procedimientos clave, como los allanamientos en el Callao. Christian Campos Vásquez, investigador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), sostiene que estas normativas agravan la situación, agravada por la escasez de recursos en el sistema judicial y policial. Además, el Congreso ha promovido designaciones de jueces y funcionarios mediante mecanismos poco transparentes, debilitando la independencia judicial.

En marzo de 2024, se destituyeron a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia en medio de investigaciones por tráfico de influencias. También se han aprobado leyes que permiten a legisladores sancionar o destituir jueces y fiscales sin respetar el debido proceso, generando un ambiente de control político sobre la justicia. Andrés Romaña, analista experto en justicia, considera que esto refleja una respuesta a la percepción de exceso de poder del sistema judicial, ejemplificada en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por corrupción sin sentencia definitiva.

Por otro lado, HRW resalta el avance de medidas legales que limiten la supervisión independiente en el país. En abril, el Congreso aprobó una ley que restringe las acciones de ONG financiadas por el extranjero, impidiéndoles iniciar demandas contra el Estado, incluso en casos de derechos vulnerados o daños ambientales. La ley ha sido criticada por diversas organizaciones sociales por restringir el trabajo de defensores y activistas.

Asimismo, en paralelo se discuten reformas que buscan fortalecer las penalizaciones por difamación y exigir retractaciones públicas en menos de 24 horas tras una notificación. Expertos y periodistas consideran que estas medidas buscan limitar la labor del periodismo investigativo, y que los procesos judiciales largos y costosos se usan como mecanismo de castigo, sin importar el resultado, lo que termina debilitando el control público sobre las acciones del gobierno y el Congreso.

Este panorama evidencia un escenario complejo donde la inseguridad, la política y la justicia se entrelazan, poniendo en duda la estabilidad institucional y los esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho en Perú.