Congreso propone reforma constitucional para que el presidente pueda ser procesado por delitos de corrupción

Reactivación del debate contra la corrupción en el Congreso peruano

La lucha contra la corrupción vuelve a ser un tema central en la agenda del Congreso de Perú. El legislador Jorge Samuel Coayla Juárez, representante del bloque Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, presentó un nuevo proyecto de reforma constitucional que busca modificar el artículo 117 de la Constitución Política. La iniciativa propone que el presidente de la República pueda ser sometido a procesos judiciales no solo por las causales existentes, sino también por delitos relacionados con la administración pública.

Actualmente, la Constitución peruana limita las acusaciones contra un mandatario en funciones a delitos como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso en circunstancias no autorizadas. Sin embargo, delitos de corrupción cometidos por funcionarios quedan fuera de este alcance, generando un vacío legal que la propuesta busca cerrar. La iniciativa surge en un contexto donde todos los expresidentes de los últimos 25 años han sido investigados o procesados por casos de corrupción.

Ampliación de los delitos bajo el proceso judicial al presidente

El proyecto establece que el presidente también pueda ser acusado por delitos como concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociación incompatible y otros relacionados con el uso indebido de recursos públicos o beneficios ilícitos. Todos estos delitos están tipificados en el Título XVIII del Código Penal y representan conductas que afectan directamente la gestión estatal y los recursos nacionales.

Para fundamentar la necesidad de la reforma, Coayla Juárez citó datos de Transparencia Internacional. Entre 2022 y 2024, Perú cayó del puesto 101 al 127 en el Índice de Percepción de la Corrupción, reflejando un aumento en la desconfianza hacia los mecanismos anticorrupción del país. Además, encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos y Latinobarómetro muestran que más del 70% de la población considera que el presidente debería poder ser investigado por corrupción sin esperar a terminar su mandato.

Comparación con países vecinos y compromisos internacionales

El proyecto también destaca que países vecinos como Chile, Ecuador y Colombia ya incluyen en sus constituciones mecanismos que permiten enjuiciar a mandatarios en funciones por delitos graves, incluyendo casos de enriquecimiento ilícito. La propuesta busca alinearse con estos estándares regionales y cumplir compromisos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El documento también señala que la incorporación de estos delitos como causal de acusación no implicaría gastos adicionales para el Estado. La reforma fortalecería la institucionalidad, asegurando que las máximas autoridades públicas sean responsables ante la justicia, en lugar de blindarse en sus cargos. Esto promovería un mayor respeto por el Estado de derecho y la transparencia en la gestión pública peruana.