Publicación de la resolución y cargos contra Espinoza

El Congreso de la República publicó en el diario El Peruano la resolución legislativa que inhabilita por diez años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por supuesta infracción a la Constitución peruana.

La resolución, identificada como 008-2025-2026-CR, señala que Espinoza Valenzuela habría vulnerado los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución. La acusación sostiene que la fiscal habría aprobado un reglamento titulado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, aunque la información oficial indica que esta afirmación es falsa.

Contexto y elaboración del Reglamento de Actuación Fiscal

Según informes de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, entre agosto y diciembre de 2024 no se llevó a cabo debate, deliberación ni votación alguna sobre el Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del delito. Este documento, publicado por el Ministerio Público en octubre de ese mismo año, fue elaborado por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

En la versión final del reglamento, se eliminaron los nombres de los responsables de cada oficina, y en su lugar se consignó que fue “aprobado por Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación (i)”.

Implicaciones legales y proceso en el Congreso

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sostiene que el reglamento contradice la Ley 32130, y señala que la responsabilidad recae en los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó únicamente la inhabilitación contra Espinoza, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Las propuestas de sanción contra los otros fiscales supremos no prosperaron, ya que las abstenciones superaron a los votos favorables y en contra.

Denuncia constitucional y acusaciones penales

El Congreso también publicó una resolución que acusa constitucionalmente a Delia Espinoza para que sea sometida a proceso penal por delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones. Esta decisión permite que se levante su fuero y que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presente una denuncia formal por estos delitos.

Acusaciones específicas y respuesta del Congreso

El Congreso sostiene que Espinoza habría incurrido en abuso de autoridad al modificar de facto los roles de la Policía Nacional y del Ministerio Público mediante el reglamento. También se le atribuye el delito de prevaricato por haber dispuesto que los fiscales no cumplieran con la Ley 32130 y siguieran aplicando normas modificadas del Código Procesal Penal.

Asimismo, se le imputa falsedad genérica por supuestas «afirmaciones fraudulentas» en la resolución que aprobó el reglamento, y usurpación de funciones por instigar a la Policía a actuar fuera de sus competencias.

La denuncia también incluyó a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Sin embargo, la Comisión Permanente rechazó acusarlos por presuntos delitos.