Contraloría de Ecuador inicia revisión de nómina y nombramientos en la Corte Constitucional en procedimiento de rutina

La Contraloría de Ecuador inicia auditoría sobre gestión de talento y nómina en la Corte Constitucional

La Contraloría General del Estado notificó a la Corte Constitucional de Ecuador sobre el inicio de un proceso de control rutinario que abarca la gestión del talento humano y el pago de nómina durante el período comprendido entre junio de 2021 y julio de 2025. La auditoría busca verificar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en la administración del personal, así como la autenticidad y precisión de los gastos relacionados con remuneraciones.

En la documentación requerida, la Contraloría solicitó información adicional sobre los procedimientos de designación de los jueces constitucionales en las renovaciones de 2022 y 2025. Entre los requisitos se incluyen detalles sobre los nombres, salarios, nombramientos, escalas salariales, así como informes de concursos de méritos, procesos de selección, vinculaciones, desvinculaciones y jubilaciones. En total, se han solicitado 17 tipos de documentación para realizar un análisis completo.

Contexto político y posibles tensiones

La auditoría ha generado suspicacias en diversos sectores políticos y en redes sociales, debido a la coyuntura en la que se realiza. La Corte Constitucional actualmente tramita varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Además, en agosto, el gobierno ordenó el desalojo del edificio donde funciona la Corte en Quito, aunque posteriormente retractó esa decisión.

Este episodio se suma a la movilización convocada por el propio mandatario el 12 de agosto, en la que participó junto a ministros y simpatizantes para cuestionar públicamente a los magistrados. Durante esa marcha, se exhibieron gigantografías con las caras de los jueces, lo que intensificó las presiones sobre el órgano judicial.

Conflictos institucionales y acciones del gobierno

Las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte se han manifestado en varias disputas relacionadas con la constitucionalidad de leyes y reformas impulsadas por el gobierno. Además, desde el Ministerio de Energía y Minas se notificó a la Corte el fin del convenio que les permitía usar sus oficinas en el edificio Tamagar, aunque esta orden fue posteriormente revertida.

La auditoría de la Contraloría ha sido vista por algunos actores políticos y en redes sociales como un posible movimiento de presión contra la Corte. Sin embargo, la institución asegura que el proceso es técnico, rutinario y programado con antelación, en el marco de su función regular de supervisión del manejo de recursos públicos y gestión administrativa.

Proyección y posibles consecuencias

Actualmente, la Corte Constitucional cuenta con 283 funcionarios y en 2024 manejó un presupuesto superior a los USD 10,7 millones. El informe que elaborará la Contraloría tras revisar la documentación y verificar los datos determinará si existieron irregularidades en la gestión administrativa y financiera. Mientras tanto, el proceso sigue en marcha, en un contexto cargado de tensiones políticas que podrían influir en la percepción pública y en la relación entre los poderes del Estado.