Irregularidades en la compra de chalecos antibalas en el Ministerio del Interior de Perú

El 8 de octubre de 2023, el entonces jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, Ricardo Kanashiro Romero, firmó un contrato con la empresa mexicana Armor Life Lab para la provisión de 3,164 chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional del Perú. La operación tuvo un valor de US$2,008,989, aproximadamente S/7,000,000.

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Detección de irregularidades por parte de la Contraloría

La Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior, dependiente de la Contraloría General, ya había reportado que el proceso liderado por Kanashiro evidenciaba modificaciones en los términos de referencia, con la presunta intención de favorecer a Armor Life Lab para obtener la buena pro.

Ahora, la misma entidad ha detectado otra grave irregularidad: la compra no cumple con las normativas vigentes y debería ser anulada, debido al incumplimiento de la Ley N°31684, conocida como la Ley FAME, emitida el 15 de febrero de 2023.

¿Por qué era obligatorio consultar a FAME?

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la OGAF del Ministerio del Interior debió, en cumplimiento de la Ley N°31684, consultar obligatoriamente a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) si disponía de chalecos antibalas del Nivel IIIA antes de contratar a un proveedor extranjero.

La omisión en la consulta a FAME

Sin embargo, la OGAF no realizó dicha consulta a FAME, pese a lo establecido por la ley, según la documentación proporcionada por el Ministerio del Interior a la Contraloría. La ley especifica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben obligatoriamente encargar a FAME la provisión de estos materiales, ya que de no hacerlo, la compra podría ser considerada nula.

Por ejemplo, el 4 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior anunció que encargó a FAME la adquisición de 7,323 fusiles de asalto Arad 5 por un valor de US$16,5 millones, provenientes de la fábrica israelí Industrias de Armas de Israel (IWI).

Entonces, surge la pregunta: ¿por qué no se aplicó la Ley FAME en la compra de los chalecos antibalas? De haberse consultado a FAME, esta podría haber respondido que sí cuenta con chalecos del nivel requerido.

Convenio estratégico de FAME con empresa estadounidense

El 24 de septiembre de 2023, FAME firmó un convenio estratégico con la firma estadounidense High and Defense Solutions (HEDS), para la comercialización, fabricación, co-fabricación, ensamblaje y modernización de chalecos antibalas y equipos de protección militar y policial. Sin embargo, la OGAF no realizó ninguna consulta a FAME sobre la disponibilidad de estos productos.

¿Por qué el contrato sería inválido?

La Contraloría sostiene que, debido a que el Ministerio del Interior debió aplicar la Ley FAME para la adquisición de los chalecos antibalas y no lo hizo, el contrato firmado con Armor Life Lab sería inaplicable. La omisión de consultar a FAME y de seguir el procedimiento legal correspondiente podría llevar a su nulidad.

Forma irregular de firma del contrato

Ricardo Kanashiro Romero suscribió el contrato con Armor Life Lab sin aplicar la Ley FAME. La Contraloría advierte que esta situación podría implicar la nulidad de todo lo actuado, ya que se incumplieron las normativas legales vigentes.

Los auditores también detectaron que la OGAF no solicitó a FAME cotizaciones para los chalecos antibalas del nivel IIIA ni realizó un análisis legal respecto a la aplicación de la Ley FAME. La justificación brindada por la oficina fue que la contratación se realizó mediante la modalidad de “proveedores no domiciliados en el país excluidos de la Ley General de Contrataciones Públicas”, lo cual, según la Contraloría, no es procedente en este caso.

La Contraloría reiteró que el Ministerio del Interior debió remitir los términos de referencia o especificaciones técnicas a FAME para que esta enviara su propuesta y así evaluar la adquisición de manera legal y transparente. La omisión de estos pasos hace que el contrato sea susceptible de ser declarado nulo.

Consultada la prensa del Ministerio del Interior sobre si se dejará sin efecto el contrato tras la observación de la Contraloría, la respuesta fue que “todo seguiría igual: el contrato es válido”. Sin embargo, las recomendaciones de la Contraloría apuntan a revisar y corregir el proceso.